El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en el marco de la misión humanitaria “Por el Andén Pacífico”, presentó el “Informe de Análisis sobre la fase inicial de diseño e implementación del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS” y la “Cartilla cultivos de uso ilícito, derechos humanos y construcción de escenarios de paz”, como un aporte para la evaluación y e implementación de este componente del Acuerdo Final.
En él la Defensoría del Pueblo llama la atención de las entidades del Estado para garantizar una implementación integral del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, con el fin de transformar los territorios y dotar de oportunidades a las comunidades expuestas a las dinámicas de las economías ilegales.
Estos documentos son producto de una labor de seguimiento a la implementación de la nueva estrategia, con los que se busca evidenciar la importancia de garantizar los derechos humanos de la población rural. En ellos se recomienda al Gobierno nacional priorizar las medidas de sustitución y acudir solamente de forma subsidiaria a la erradicación forzosa cuando las comunidades rurales manifiestan su decisión de no acogerse al Programa de Sustitución Voluntaria. Lo anterior, sin desconocer que la erradicación forzosa es una medida legítima ante la renuencia.
“Los campesinos siembran coca no porque quieren, sino porque les toca. Por eso en Colombia debe haber garantías para la comercialización, distribución y venta de otros productos que ayuden a poner fin al problema de las economías ilícitas”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera.
El evento del lanzamiento del Informe contó con la presencia de comunidades rurales del municipio de Tumaco, el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago, y Bo Mathiasen, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.