El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Nación (Rama Judicial) a pagarle un total de 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor William Alberto Molina, su hijo y su esposa, por los perjuicios causados como consecuencia de las malas condiciones de su reclusión en la cárcel de Bellavista (Antioquia).
Según el fallo, tanto el Inpec como la Nación, son responsables de la vulneración del derecho fundamental a la dignidad humana causada al señor Molina, durante el tiempo de su reclusión, entre el 27 de septiembre de 1997 y el 4 de diciembre de 2000.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, prendió las alarmas porque dicha demanda sienta un precedente y permitiría que muchos más reclusos tomaran acciones similares, ante las dificultades del Estado para mantener a la población reclusa en adecuadas condiciones de salubridad y por los problemas de hacinamiento, que hoy alcanza niveles del 40% en el país e incluso llega al 147% en el centro penitenciario y carcelario La Modelo de Bogotá, lo cual constituye una clara vulneración a los derechos fundamentales de la población reclusa.
Vendrían más demandas
Tras el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Inpec interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, y actualmente se estudia en su Sección Quinta. «Le ha solicitado al Gobierno que tome medidas urgentes, porque de ser confirmado este fallo ante el Consejo de Estado, serían 130.000 personas reclusas las que podrían verse motivadas a instaurar demandas contra el Estado», destacó el Defensor Otálora Gómez.
Es un campanazo de alerta para que el Estado haga un mayor esfuerzo para el mejoramiento de las condiciones de la población reclusa en Colombia y una clara invitación para que las instituciones del Estado hagan un mayor esfuerzo para cumplir con la ley y así evitar demandas multimillonarias.
El Defensor ha venido insistiendo en la necesidad de pensar en soluciones integrales al problema del hacinamiento en las instituciones penitenciarias y carcelarias. Aunque reconoce que la política pública en materia carcelaria viene adelantando un plan para aumentar la capacidad de las cárceles, ésta es una solución de largo plazo.
«En el seno del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, he venido planteando la necesidad de realizar ajustes al sistema penal para que no ‘todo’ sea tipificado como delito y que aquello que lo sea contemple penas alternativas a la privación de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios, con lo cual también se minimiza el riesgo de posibles condenas al Estado», puntualizó Otálora Gómez.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia