Al fallar una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, el Consejo Seccional también protegió el derecho a la salud de los detenidos.Acogiendo una acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, el Consejo Seccional de la Judicatura en la capital de la República, impartió órdenes perentorias a varias instituciones para enfrentar la problemática que actualmente afecta a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en materia de derechos humanos.
En su decisión, la Judicatura dispuso que en el término de un mes, a partir de la notificación de la sentencia, se cumpla el traslado de las personas cobijadas con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, así como las condenadas presentes en las URI y en las Estaciones de Policía.
También dispuso que la EPS Caprecom, en asocio con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y la Secretaría Distrital de Salud, coordinen la prestación del servicio de salud con calidad, eficiencia y oportunidad a las personas cobijadas con medida de aseguramiento de detención preventiva, o incluso a aquellas que estuvieren condenadas al momento de la sentencia.
A partir de los argumentos presentados por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá dispuso que dentro de la órbita de sus competencias y bajo el principio de integración, el Inpec, Caprecom, la Uspec, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Mayor de la ciudad, adopten las determinaciones necesarias para conjurar la grave situación que afrontan las personas privadas de la libertad en las URI y las estaciones de Policía.
En este sentido, la Judicatura fijó un plazo de tres meses para la conformación de mesas de trabajo encaminadas a generar políticas de modernización y humanización para el Sistema Penitenciario y Carcelario, así como a la creación de planes para atender las necesidades más apremiantes de esta población.
El fallo de tutela ordena verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unión Temporal encargada del suministro de la alimentación en estos centros de detención transitoria, ante las graves denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo respecto a la insuficiencia, mal estado y entrega tardía de las raciones asignadas para quienes permanecen en las URI de Bogotá
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia