En carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Carrillo, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó la intervención urgente del Estado en el municipio El Tarra, Norte de Santander, por la grave situación de derechos humanos que allí se presenta, producto del continuo accionar violento de la Farc y el ELN, que operan en la subregión del Catatumbo y en la zona de frontera con Venezuela.
Los ataques terroristas y las presiones constantes contra los pobladores de la cabecera urbana y de las veredas Bracitos parte alta y baja, Santa Clara, Encantados, Filo el Gringo, Motilandia y Tarra Sur, han obligado a las autoridades locales (alcaldía, personería, registraduría, puesto de salud, juzgado, entre otras oficinas municipales) al cese de sus actividades de manera indefinida, además de la intención de renunciar de 33 docentes de las instituciones educativas.
La Defensoría del Pueblo a través de informes de riegos ha advertido, de manera permanente, que la guerrilla profiere amenazas contra los habitantes, los líderes sociales y servidores públicos, imponen pautas de comportamiento social e interfieren en las actividades de las organizaciones sociales y comunitarias, en la sub región del Catatumbo. Además, reclutan y utilizan a niños, niñas y adolescentes, restringen la movilidad, instalan retenes ilegales, cometen atentados contra la vida, la libertad y seguridad personal y realizan acciones bélicas contra la fuerza pública.
Así mismo, las autoridades locales y la comunidad han informado que en la cabecera municipal de El Tarra, las Farc han activado una serie de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, que afectan a las personas, los bienes civiles y las edificaciones públicas. Sumado a la instalación de minas antipersona y armas trampa, exponiendo a la población campesina.
Cabe anotar que el pasado 14 de febrero de 2013 una comisión de la Defensoría del Pueblo realizó una visita de verificación humanitaria y comprobó el riesgo en el que se halla la población civil. Esta situación llevó a que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitiera la Nota de Seguimiento 002.13, en la que advierte la persistencia del riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en El Tarra.
Ante el alto grado de vulnerabilidad en que se halla la comunidad, el Defensor del Pueblo le solicita al ministro Carrillo impulsar, desde el nivel nacional, una respuesta estatal oportuna, adecuada y efectiva que garantice el respeto a los derechos fundamentales de estos pobladores.
De otro lado, Otálora Gómez le recomendó al Ministro del Interior convocar de manera urgente una reunión de seguridad en El Tarra o Cúcuta, con la participación de los ministerios de Defensa y del Interior, de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de la Unidad Nacional de Protección, del Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República, entre otros), con el fin de que se adopten medidas de tipo político, social y administrativo, que permitan enfrentar con eficacia los graves problemas de orden público en el municipio y proteger de manera efectiva a la población civil.
Hechos violentos registrados en El Tarra en la última semana:
Febrero 27: Hostigamiento con arma de fuego contra la base militar ubicada en la cabecera urbana del municipio, sin que se hayan presentado víctimas y daños materiales.
Febrero 28: En la vía que comunica a la vereda Bellavista, donde el día anterior fue incinerado un vehículo de la empresa CENS, fue retenido un camión de ésta empresa y atravesado en la vía, el cual fue pintado con letreros que decían: ‘Carro bomba’ y ‘ELN’.
Marzo 2: Ataque con explosivos contra la antena de comunicaciones de la empresa TIGO que produjo heridas leves a cuatro personas y daños materiales en algunas viviendas cercanas.
Marzo 3: En la madrugada se presentó un hostigamiento con arma de fuego, al parecer, contra la estación de policía del Barrio Villa Nueva, que ocasionó daños materiales a varias viviendas.
Marzo 5: Antes de iniciar la marcha pacífica convocada por la comunidad para rechazar los ataques constantes de la guerrilla, se hallaron tres cargas explosivas: una en la puerta de la alcaldía municipal y las otras en dos carros bombas en el Barrio Buenos Aires y en el barrio El Tarrita. A las 9:00 a.m. se presentó una explosión en el Barrio Comuneros que causo heridas a dos soldados del Ejército Nacional que se encontraba en el sector. A pesar del temor a las represalias, más de 500 personas marcharon pacíficamente.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia