Ante una Comisión de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Armada Nacional, fueron entregados Jesús Norberto Calle Acosta, Andrés Roberto Ramos Medina, Wilter Calle Acosta, Michael Cuello, Joselino Camico Agapito, Macario Laverde y Edwar Laverde, pertenecientes a las etnias Curripaco, Puinave y Cubeo, quienes fueron detenidos por la Guardia Venezolana el pasado 29 de abril, en inmediaciones del corregimiento de Chaquita en el departamento de Guainía.
Según los testimonios de los indígenas, además del maltrato físico y psicológico al que fueron sometieron, los hombres de la Guardia Venezolana les quitaron sus documentos de identidad y les prendieron fuego. «Me quemaron la cédula, la libreta militar, el pasado judicial y el carné de motorista, lo quemaron todo, hasta mi biblia», contó uno de los indígenas retenidos.
«Yo los vi llegar, yo era el único despierto, nos agarraron en territorio colombiano, a mí me golpearon en la cabeza y me dieron una patada en el estómago. Me dijeron siéntese y agache la cabeza, y yo hice todo y aun así me dieron otro golpe en el estómago, patadas; a todos nos amarraron y nos dijeron que teníamos que estar con la cabeza abajo, y así nos llevaron en todo el viaje hasta que llegamos a San Fernando (de Atabapo) porque dijeron que si levantábamos la cabeza nos iban a dar bala», narró a funcionarios de la Defensoría del Pueblo otro de los retenidos.
Durante el tiempo de la retención, la Defensoría del Pueblo envió dos comisiones de alto nivel para inspeccionar la zona y establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos, ya que desde el momento que se tuvo conocimiento de las retenciones el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó la intervención de la Cancillería colombiana y demás autoridades competentes.
Sin embargo, los siete hombres estuvieron retenidos durante 70 días en una cárcel de San Fernando de Atabapo en territorio venezolano, acusados de delitos contra el medio ambiente. Según los retenidos, al no encontrar pruebas en su contra, fueron liberados bajo la condición de presentarse ante las autoridades del vecino país cada 30 días.
La Defensoría Regional Guainía hará gestiones para recuperar las pertenencias incautadas y que aún están en manos de la autoridad del vecino país, ya que son elementos de trabajo de los indígenas. De la misma forma, seguirá realizando el acompañamiento humanitario a estas comunidades.
Por su parte, Otálora Gómez reiteró su satisfacción por el regreso de los indígenas colombianos y exhortó a la Cancillería para que solicite las explicaciones necesarias a las autoridades del vecino país, a fin de aclarar la situación y evitar atropellos contra la población de esa región del país.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia