La Entidad considera que la correspondencia de medidas como el cese unilateral de las Farc y la suspensión de bombardeos ordenada por el Presidente, reflejan la madurez del proceso de paz. Aspectos adicionales como el acuerdo para el desminado y la decisión de frenar el reclutamiento forzado de menores de 17 años, también son cuota importante para afirmar la confianza en las negociaciones.
A propósito del anuncio hecho durante las últimas horas por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el sentido de ordenar la suspensión temporal de bombardeos a los campamentos de las Farc, la Defensoría del Pueblo valora esta decisión del Gobierno Nacional como un paso adelante para contribuir con el desescalamiento del conflicto armado interno.
El Defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, recordó que según la Constitución Política del país es potestad del Jefe del Estado adoptar este tipo de medidas, y dijo que en lugar de un retroceso para la seguridad, como aseguran algunos, debería interpretarse como un avance hacia el fin de la guerra.
El Funcionario señaló que esa instrucción al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública guarda correspondencia con la tregua unilateral ofrecida por las Farc y la determinación de ese grupo guerrillero para cesar el reclutamiento forzado de menores de 17 años, hechos que sumados al acuerdo general para el desminado reflejan el progreso en el proceso de paz y la voluntad de las partes para avanzar con dinamismo hacia la reconciliación.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo insistió en que la mejor manera de legitimar estos anuncios esperanzadores y responder a la confianza que los colombianos han depositado en el proceso de paz, es poniendo en práctica los compromisos adquiridos en el marco de las conversaciones de La Habana, y que por esa razón deben cesar definitivamente todas las acciones de confrontación que pongan en duda la palabra empeñada, y que particularmente signifiquen vulneraciones a los Derechos Humanos en cualquier rincón de la geografía nacional.
Otálora Gómez recordó cómo el pasado 24 de febrero la Defensoría había advertido sobre varias acciones armadas que comprometerían a las Farc en medio del cese unilateral de hostilidades ofrecido por esa guerrilla, y cómo más allá de los episodios de confrontación con la Fuerza Pública persistían en actividades de constreñimiento y presión a las comunidades en varias regiones del país, situación que a juicio del Defensor del Pueblo debe desaparecer inmediatamente, al igual que la vinculación de menores de 18 años, en atención al gesto positivo del Presidente de la República y en acatamiento a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Frente a la comisión asesora para el proceso con las Farc, el Defensor celebró la decisión, al indicar que se trata de personalidades de primer nivel que representan diversas visiones y que por ende pueden generar valiosos aportes para fortalecer la etapa final de las negociaciones, a propósito de asuntos trascendentales como el fin del conflicto y la reparación integral a las víctimas, factor que requiere la implementación de mecanismos de justicia transicional que aseguren el esclarecimiento de la verdad, la dejación de las armas y las garantías de no repetición para el éxito del posconflicto, la estabilidad de la paz y la reconciliación entre los colombianos.
Otálora Gómez confió en que el ELN entienda su responsabilidad en este momento histórico para acudir a la sensatez y actuar en consecuencia con la voluntad de paz expresada por los jefes de esa organización, en lugar de persistir en acciones como el reciente secuestro de los geólogos tardía pero afortunadamente liberados.
Finalmente, el Defensor del Pueblo respaldó plenamente la decisión del Presidente de la República de declarar objetivo de alto valor a las estructuras del crimen organizado, y pidió en este sentido identificar y capturar a los responsables de las amenazas que en las últimas horas fueron proferidas contra integrantes de la Fundación Paz y Reconciliación, algunos congresistas y el Alcalde Mayor de Bogotá.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia