Al conmemorarse el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, la Defensoría del Pueblo considera necesario intensificar las campañas de prevención y mejorar la oferta de servicios para los pacientes con esta enfermedad.
En el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, la Defensoría del Pueblo llama la atención de las autoridades gubernamentales en relación con las continuas barreras de acceso que imponen las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS) a los pacientes con cáncer en el país y que han podido ser evidenciadas tanto a través de los estudios de tutela como de los observatorios interinstitucionales de cáncer infantil y de adultos, que lidera la entidad.
La Defensoría ve con preocupación que los procesos de asignación de citas con médicos especialistas, los procedimientos de diagnóstico por imagen, la integralidad y continuidad en los tratamientos y las autorizaciones para medicamentos, prótesis y órtesis, sigan presentando deficiencias con lo cual se incrementa el número de muertes evitables.
Aunque reconoce la importancia de las políticas tomadas por el Ministerio de Salud sobre precios y acceso a medicamentos, la regulación de la atención en cáncer, la ruta de atención en cáncer infantil, la Defensoría del Pueblo considera que todavía falta mucho por hacer en la lucha contra los diferentes tipos de cáncer y, de manera particular, para combatir las barreras de acceso que imponen las entidades prestadoras de los servicios de salud.
Por su parte, la Entidad realizó una alianza con los diferentes actores para buscar que se garantice la atención de los pacientes con esta enfermedad mediante la suscripción de un pacto nacional con las EPS, las entidades territoriales, las diferentes asociaciones de pacientes y el Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos (OICA).
Según datos del proyecto Globocan de la Organización Mundial de la Salud, que proporciona estimaciones contemporáneas de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer, para 2015 esta enfermedad afectaría a cerca de 80.000 personas en el país y podría causar una mortalidad de 42.500 personas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia