El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, insta a las autoridades municipales de Barrancabermeja a atender de manera urgente y eficaz los escenarios de riesgo advertidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Entidad, con ocasión de las posibles acciones de violencia que puedan ejercer los grupos armados ilegales contra la población civil de esa localidad.
En el Informe de riesgo número 021 del 25 de septiembre pasado, emitido por el SAT, se recomienda a las autoridades regionales y locales adoptar las medidas de prevención y protección para evitar que miembros de los grupos armados ilegales que surgieron con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que se autodenominan «Los Urabeños», «Los Rastrojos» y «Los Botalones», como también las milicias urbanas de la guerrilla de las Farc y el ELN, vulneren los derechos fundamentales de los pobladores de la zona urbana y rural de Barrancabermeja.
Según información de las autoridades militares y de Policía, los grupos armados ilegales utilizan al puerto petrolero como centro estratégico para la comunicación por vía terrestre y fluvial entre el interior del país, el nororiente y la Costa Atlántica y para la movilización de drogas, armamento y contrabando de gasolina, como también para el cobro de extorsiones, el préstamo de usura o paga diario, y el hurto de hidrocarburos.
El informe de riesgo de la Defensoría identificó que en algunos barrios de las comunas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del municipio y veredas de los corregimientos de El Centro, El Llanito, Ciénaga del Opón y la Meseta de San Rafael, es probable que se presenten reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
De la misma forma, advierte sobre posibles desapariciones forzadas de jóvenes, mototaxistas y líderes cívicos y políticos, homicidios selectivos o múltiples, amenazas de muerte y atentados contra la vida de líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales, de mujeres, de desplazados, víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas, y servidores públicos.
También destaca los riesgos relacionados con el cobro extorsiones a comerciantes, contratistas, transportadores y docentes que afecten sus derechos fundamentales, acciones de terror por la activación de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, imposición de pautas de conducta y desplazamientos forzados.
Primero lo humanitario
Según el Defensor Otálora Gómez, deben primar las consideraciones de índole humanitaria sobre cualquier otra circunstancia para la prevención de las violaciones de derechos humanos antes que los motivos de carácter político o administrativo para desestimar los escenarios de riesgo identificados por la Defensoría del Pueblo.
Igualmente, les aclara a las autoridades competentes de Barrancabermeja que los informes de riesgo del SAT son instrumentos técnicos e institucionales que describen los factores de amenaza y vulnerabilidad de la población civil y que tiene como propósito impulsar la respuesta del Estado en materia de prevención y protección por parte de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
El Defensor del Pueblo recuerda que la Sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que «el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales».
Es decir, el Estado tiene la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
De igual modo, manifiesta que en materia de prevención de las violaciones de derechos humanos las autoridades están obligadas a adoptar las medidas efectivas para mitigar y conjurar los riesgos de violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1421 de 2010 (Ley de Orden Público) y en la Ley 1448 de 2011.
«Con posterioridad a la emisión del informe de riesgo 021 de 2012, en la ciudad de Barrancabermeja se han registrado hechos de violencia que ameritan que las autoridades asuman sus obligaciones constitucionales y legales de proteger a los residentes de Barrancabermeja en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades fundamentales», puntualiza el Defensor del Pueblo.
Hechos de violencia durante el último mes
En Barrancabermeja, según las autoridades locales, en lo transcurrido del 2012 se ha registrado una disminución en el número de homicidios. Sin embargo, existe preocupación en algunos sectores de la ciudad por el incremento de casos de desaparición forzada y que de acuerdo con informes de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecida, durante el periodo 2011 al 23 de octubre del año 2012, existe un registro total de 30 personas presuntamente desaparecidas forzadas en ese puerto sobre el río Magdalena.
Los siguientes son los hechos de violencia que se han presentado en Barrancabermeja durante el último mes:
El 28 de septiembre, se registró el desplazamiento forzado del Inspector del Corregimiento El Centro y su núcleo familiar, debido a las amenazas de muerte de que fue objeto por parte de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo Regional Santander brindó el acompañamiento requerido para su traslado a un sitio seguro.
El 28 de septiembre, se reportó la desaparición de Arley Venté Mejía, de 28 años de edad, quien residía en el barrio Nariño de la Comuna 6. En la actualidad no se conoce su paradero. La familia recibió un mensaje texto de celular informándoles que fue asesinado y enterrado en un sector boscoso.
El primero de octubre, aproximadamente a las 10:00 a.m., en inmediaciones del barrio 20 de Julio de la Comuna 6, hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon de forma indiscriminada contra tres jóvenes que se encontraban en la cancha de micro-fútbol del sector causando heridas con arma de fuego a dos de ellos.
El 2 de octubre, se recibe queja por amenazas de muerte contra un inspector de policía de la zona rural de Barrancabermeja.
El 3 de octubre, a las 8:30 p.m. cerca al CAI del Barrio Boston, hombres armados dispararon contra tres personas que departían en un establecimiento público. En esa acción criminal murió el joven Gabriel Antonio Lozano, de 20 años de edad, quien prestaba servicio militar en el Batallón Energético y Vial No. 7 un soldado y sus dos acompañantes resultaron heridos
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia