Durante su tercera visita humanitaria, el Defensor del Pueblo se comprometió a impulsar las gestiones necesarias para que las diferentes instituciones del Estado desarrollen programas concretos que permitan disminuir la violencia contra las mujeres del puerto sobre el Pacífico.
Luego de advertir que el Valle del Cauca ostenta el poco honroso primer lugar en los índices de violencia contra la mujer a nivel nacional, con 250 homicidios de los 996 que se presentaron durante 2013 en todo el país, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se comprometió a volcar todo el esfuerzo institucional que sea necesario para emprender una cruzada contra este flagelo en Buenaventura.
Otálora Gómez aseguró que en cabeza de su nueva Defensora Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, Susana Rodríguez Caro, «se realizarán jornadas especiales como las que la Defensoría viene haciendo en varias ciudades para que, en compañía de la Alta Consejera para la Mujer y la Delegada de la Procuraduría para la Mujer, se desarrolle una política de género específica que permita afrontar estos problemas de violencia contra las mujeres».
Las declaraciones fueron hechas durante su tercera visita a la ciudad vallecaucana para verificar los alcances de la intervención que diferentes instituciones del Estado vienen realizando para superar la crisis, que venía siendo advertida por la Defensoría desde hace varios años y gracias a lo cual el Estado en su conjunto tomó medidas para enfrentar la difícil situación que vive la población.
Así lo reconoció el Alto Consejero Presidencial para las Regiones, David Luna, quien destacó la labor que ha venido desarrollando la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), visibilizando la problemática que está viviendo el puerto de Buenaventura.
«Nos llena de orgullo, que gran parte del más reciente informe de Human Rights Watch, haya tenido como soporte los informes de la Defensoría del Pueblo» dijo el Alto Consejero para las Regiones durante la reunión que se llevó a cabo este viernes 28 de marzo, entre los delegados del Gobierno Nacional, la comunidad de Buenaventura y el Defensor del Pueblo.
De otro lado, el Defensor Otálora Gómez se comprometió a realizar una jornada social con la Unidad de Víctimas para verificar el censo y pedir que se revise cómo va el proceso, para solicitar su inclusión en los listados que maneja esta entidad.
Por último, le hizo un llamado a la comunidad para que de la gran intervención que ha empezado a realizar el Gobierno Nacional, en temas fundamentales como la educación, por ejemplo, todos se conviertan en veedores. Es decir que «un peso que le quiten o un estudiante que se ‘inventen’ es porque le están quitando la educación a uno que verdaderamente lo necesita», puntualizó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia