La Defensoría del Pueblo hará seguimiento a los ajustes en las medidas de seguridad para Jhonatan Echeverri, quien resultó ileso durante un ataque de sicarios.
Tras rechazar el atentado que sufrió el integrante de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia, Jhonatan Echeverri, la Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento a las decisiones y medidas que adopte la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el sentido de reforzar el esquema de seguridad de esta persona.
Según Echeverri, el ataque ocurrió hacia las 6 de la tarde de este miércoles luego que asistiera a un programa radial en el municipio de San Pedro de los Milagros y saliera rumbo a la ciudad de Medellín. De acuerdo con su relato, cuando iba por el corregimiento San Félix, de Bello, dos sicarios en motocicleta le dispararon e impactaron en nueve ocasiones el vehículo particular en el que se transportaba. Asegura la víctima que la única escolta que se encuentra asignada para su protección, se enfrentó con los delincuentes, quienes finalmente huyeron del sitio.
Jhonatan Echeverri fue víctima de desplazamiento forzado, y en diciembre pasado recibió un paquete en su casa con un artefacto explosivo y un sufragio en su interior.
La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por estos hechos, pues además de la situación que afronta este líder, los 23 integrantes de la Mesa de Víctimas en Antioquia afirman estar amenazados, y ocho de ellos fueron catalogados con nivel de riesgo extraordinario ante amenazas directas a través de mensajes de texto, intentos de secuestro o llamadas telefónicas en las que les exigen abandonar su labor.
Funcionarios de la Defensoría Regional acompañan a Echeverri en la solicitud de mayores medidas de protección y verifican la respuesta de las autoridades. Así mismo, la Defensoría solicitó a los organismos de seguridad avanzar en las investigaciones para determinar los autores materiales e intelectuales del atentado.
A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 109 integrantes de las Mesas de Víctimas en todo el país que han sido amenazados, de los cuales 68 tienen medidas de protección por parte de la UNP, 5 están en trámite y 36 permanecen a la espera que se vuelva a revisar su situación.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia