El defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que es necesario aclarar las circunstancias que rodearon este incidente, pues los controles migratorios no pueden vulnerar los derechos de los viajeros.
Tras la expulsión de un grupo de colombianos a quienes recientemente las autoridades argentinas impidieron el ingreso a ese país, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, consideró oportuna la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar cada caso en particular, y dijo que es a través de los canales diplomáticos como se deben aclarar las razones por las cuales bajo el argumento de sospecha fundada, se tomó esa decisión.
En diálogo con las personas afectadas, la Defensoría del Pueblo estableció que sin explicación alguna, fueron separados de la fila de inmigración y sometidos a rigurosos interrogatorios, no obstante que sus documentos (según lo manifestaron los mismos pasajeros) estaban en regla.
Los testimonios recogidos por la Entidad y por los medios de comunicación indican que los connacionales fueron maltratados, pues permanecieron cerca de 17 horas bajo estricta vigilancia, al punto que no podían conversar entre ellos, y sin la posibilidad de tomar alimentos distintos a un pequeño refrigerio, que aparentemente no estaba en las mejores condiciones.
Los pasajeros del vuelo AV-965, que arribó a las 4 y 22 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre a Buenos Aires, manifestaron a la Defensoría que fueron engañados, pues la Junta del Contralor Migratorio de Ezeiza los habría obligado a firmar un acta de rechazo, sin que les informaran que iban a ser devueltos a Colombia, como al final sucedió a través de otro itinerario con llegada a la madrugada de este jueves.
Los documentos conocidos por la Defensoría del Pueblo resaltan la condición de sospecha fundada sin explicación adicional, y enfatizan que no se autoriza el ingreso ni se admite en categoría migratoria alguna a estos ciudadanos, procede a su rechazo y reconducción fuera del territorio argentino y advierte sobre la verificación de que abandonen ese país.
Si bien, ésta última circunstancia no se dio en el caso de uno de los pasajeros, quien de acuerdo con el reporte oficial habría burlado la vigilancia y escapó del aeropuerto, los demás colombianos alegaron tratos denigrantes y discriminatorios, así como pérdida de tiempo y dinero.
Luego de conocerse el endurecimiento de los controles migratorios por parte de las autoridades argentinas, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por lo que a futuro pueda ocurrir con los colombianos que se desplacen a ese país, y señaló que si bien cada estado es autónomo para establecer y actualizar sus políticas migratorias, estas medidas no pueden vulnerar los derechos de los viajeros.
Por esa razón, Otálora Gómez insistió en la necesidad de que se aclare este episodio y solicitó el concurso de su homólogo José Francisco Palmiotti, Defensor del Pueblo Adjunto de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensor del Turista, para que en caso de existir un procedimiento arbitrario, se adopten los correctivos necesarios para el restablecimiento de los derechos de las personas afectadas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia