Dos turistas y 29 funcionarios civiles se encontraban en el lugar del ataque contra una unidad de la Policía en el Parque Natural Isla Gorgona. A estos hechos se suma un posible paro armado declarado por el ELN en el departamento del Chocó, el cual se extendería hasta la medianoche del próximo miércoles.
La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente el atentado contra una unidad de la Policía Nacional en el Pacífico colombiano, donde un oficial de esa institución perdió la vida y otros seis uniformados resultaron heridos.
Información suministrada por la Personería Municipal de Guapi, Cauca, y algunos testimonios de la comunidad indican que al momento del ataque se encontraban en el lugar dos turistas de nacionalidad suiza y 29 personas más, incluidos 19 funcionarios de Aviatur, 3 guardabosques, 4 contratistas de Parques Nacionales y 3 empleados del área administrativa de esa entidad.
Aunque los civiles resultaron ilesos y pudieron salir del lugar de los hechos, fue eminente el riesgo que sufrieron para su vida e integridad por cuenta de la acción terrorista ocurrida en isla Gorgona.
Luego que las autoridades atribuyeran la responsabilidad de manera preliminar al frente 29 de las Farc, la Defensoría reiteró su llamado para que se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se excluya a la población civil del conflicto armado, que en medio de las negociaciones de paz exige acuerdos mínimos para asegurar el respeto a estos protocolos.
La Defensoría Regional Cauca solicitó la convocatoria a un Consejo de Justicia Transicional con la nueva alcaldesa de Guapi, Yolima Sinisterra, y las demás autoridades territoriales para analizar la situación derivada de este atentado, evaluar la condición de las víctimas y hacer seguimiento a las disposiciones que se adopten para superar el clima de hostilidad en esa región del país.
Una preocupación adicional para la Defensoría es la circulación de un panfleto en el que se advierte sobre la declaratoria de un posible paro armado en el departamento del Chocó, particularmente en la región del Medio San Juan, documento en el que se prohíbe la circulación de vehículos y embarcaciones, so pena de atentar contra quienes incumplan esas instrucciones.
La amenaza, emitida por supuestos integrantes del frente Manuel Hernández «El Boche» del Ejército de Liberación Nacional (ELN), indica que las restricciones a la movilidad se extenderían hasta la medianoche del próximo miércoles.
La Defensoría del Pueblo también rechazó esta acción intimidatoria contra los habitantes de Istmina y otros municipios de la zona, y solicitó al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública extremar las medidas de seguridad para contener la violencia en el Pacífico y garantizar los derechos de los atemorizados pobladores.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia