Defensor del Pueblo ve con buenos ojos el anuncio de las FARC y el ELN pero insistió en la necesidad de que la guerrilla se comprometa a dejar por fuera del conflicto a la población civil, particularmente a los niños, niñas y adolescentes.
Luego del anuncio de cese al fuego unilateral declarado por las guerrillas de las FARC y el ELN entre los días 20 y 28 de mayo, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que ve con buenos ojos el gesto de los líderes de éstos grupos guerrilleros y que la Entidad adelantará la verificación de dicha tregua para el buen desarrollo de las elecciones presidenciales.
Así como ha venido ocurriendo en los anteriores comicios, la Defensoría del Pueblo hará un estricto seguimiento en todo el país a las acciones de los grupos armados ilegales que puedan poner en riesgo la realización del proceso electoral.
El Defensor Otálora Gómez, sin embargo, lamentó que en el comunicado de las guerrillas de las FARC y el ELN solo se advierta que cesarán cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado o la infraestructura económica pero que no se hubiera expresado la renuncia a aquellas actividades que se constituyen en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.
Particularmente, destaca el Defensor del Pueblo, sería deseable que además de dichas acciones, los grupos guerrilleros se comprometieran a dejar por fuera del conflicto armado a la población civil, a no realizar atentados contra la vida, a no provocar desplazamientos forzados, a ponerle fin al reclutamiento de menores, a dejar de sembrar minas antipersonal, a no amenazar a las comunidades, a no restringir la movilidad y a no ejercer constreñimiento sobre los ciudadanos.
«En todas las regiones del país, los colombianos me dicen que están cansados de la guerra, que están esperanzados en que el país logre la paz y esperan que los grupos armados den muestras claras de su voluntad para lograr la paz. Por lo tanto, el país espera una declaratoria del cese definitivo de las acciones armadas de los grupos guerrilleros», destacó.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de manera reiterada les ha solicitado a las FARC y al ELN el acatamiento a la normativa humanitaria y ha exigido el respeto a la población civil que no participa directamente en la confrontación armada y garantice los derechos de las víctimas, particularmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de protección especial por parte del Estado.
Al respecto, el Defensor Otálora Gómez rechazó la instrumentalización de los menores como mecanismo de guerra por parte de todos los grupos armados ilegales, al recordar los hechos ocurridos el miércoles pasado en la vereda Chilví del municipio de Tumaco (Nariño) donde resultaron muertos dos niños (además de un policía herido) luego de que explotara una granada mientras se realizaba un juego de microfútbol.
Por último, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo que en las zonas de conflicto armado se evidencia la continuidad de las acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales que han afectado a la población civil de manera particular en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca, Antioquia y Córdoba.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia