Ante las irregularidades que rodearon la muerte del señor José Ángel Chíquiza, quien falleció ayer esperando que se le autorizara la realización de una diálisis en las instalaciones de la EPS-Comfacundi, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, por el delito de homicidio culposo contra funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud y contra dicha EPS.
Desde el pasado 5 de octubre, la Defensoría le solicitó a la Secretaría que explicara cómo se iba a garantizar el servicio de salud para aquellos usuarios del régimen subsidiado que estaban afiliados a las EPS que han venido siendo objeto de medidas cautelares preventivas, que han sido intervenidas o que decidieron retirarse de manera voluntaria de la ciudad.
Tras una inspección realizada el pasado 5 de octubre por la Defensoría, la Oficina de Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud aseguró que los 1.550 usuarios de alto costo ya tenían EPS asignada y que se les garantizaría la continuidad de los tratamientos.
Sin embargo, «con la muerte del ciudadano José Ángel Chíquiza, ayer nos dimos cuenta de que no está garantizada la prestación del servicio a los pacientes de alto costo, y lamentablemente se perdió la vida de un ciudadano», señaló el Defensor.
Se trata de un homicidio culposo porque los funcionarios públicos y la EPS que están manejando este tipo de eventos deben entender el compromiso que tiene el ejercicio de sus funciones y que cualquier ligereza o error en desarrollo de sus actividades puede terminar con la vida de una persona.
Aunque la denuncia está dirigida contra los funcionarios de la Secretaría de Salud y contra la EPS, eso no es óbice para que las instituciones y los organismos de control que adelanten las investigaciones puedan hacer otras vinculaciones, si así lo consideran pertinente.
La denuncia es un campanazo de alerta para que se tomen medidas de choque frente a esta situación. «Tememos que este caso se vuelva a repetir y creemos que hay un sinnúmero de ciudadanos que no están siendo registrados o que no aparecen en las bases de datos de las EPS y que ante cualquier urgencia no recibirán atención», puntualizó el Defensor.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia