La situación es tan grave que el Defensor del Pueblo le solicitó al Gobierno Nacional movilizar toda la institucionalidad de por los menos 18 entidades para enfrentar la crisis humanitaria, entre ellas la Unidad de Atención a las Víctimas.
Dada la actual confrontación entre los grupos armados ilegales de ‘Los urabeños’ y algunas bandas articuladas a la ‘Oficina de Envigado’ por el control territorial, económico y social de las comunas 8, 10, 13 y 16 y los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista de Medellín, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, instó al Gobierno Nacional a movilizar toda su institucionalidad para enfrentar la grave crisis humanitaria que vive la capital de Antioquia.
A través del Informe de Riesgo 008 de 2013 enviado desde el pasado 7 de marzo a las autoridades locales, regionales y nacionales, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo le recomienda al Ministerio del Interior coordinar la respuesta integral de por lo menos 18 entidades del Estado que permita la adopción de medidas concretas y efectivas ante la grave situación de derechos humanos que enfrenta la población de dichas comunas y corregimientos.
Tales medidas deberán incluir la implementación de programas de carácter social que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad de la población; la aplicación de esquemas de protección para los líderes sociales; el fortalecimiento de las unidades de investigación de la Fiscalía General de la Nación; el establecimiento de un grupo especial de la Fuerza Pública para combatir la extorsión; garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto a partir de su inclusión en el registro nacional de víctimas, entre otras.
Aunque el Defensor del Pueblo, reconoce los esfuerzos que han venido haciendo tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia para enfrentar la problemática, señaló que la intervención de Estado no da espera. Desde hace seis años el SAT ha venido presentado informes de riesgo (el 029 de 2007, el 016 de 2010 y el 026 de 2012) que dan cuenta que la situación de riesgo de las comunidades se ha venido agudizando.
El Defensor del Pueblo llamó la atención por el incremento en las acciones de reclutamiento de jóvenes entre 12 y 17 años, así como el aumento del riesgo de utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de combos y grupos armados ilegales post desmovilización de las autodefensa para el expendio de drogas y el trasporte de armas, entre los más comunes.
El SAT de la Defensoría estima que cerca de 18.500 niños, niñas y adolescentes de las comunas 8, 10, 13 y 16 y de los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista de la capital antioqueña se encuentran en situación de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita por parte de estos grupos ilegales.
De otro lado, durante el último año, el Instituto de Medicina Legal registró un total 1.258 homicidios en la capital de Antioquia, de los cuales 117 correspondieron a menores de edad. El Defensor del Pueblo llamó la atención sobre la crueldad de algunos actos en los que se evidenciaron signos de tortura y desmembramiento, tal como ocurrió en las comunas 8 y 13. De otro lado, el SAT identificó 55 casos de homicidios contra mujeres, por el hecho de ser mujeres en el marco del conflicto armado que vive la ciudad.
Esta situación se debe en gran parte al fenómeno denominado ‘fronteras invisibles’ que delimitan el accionar y el control territorial de los grupos armados ilegales, que impide que los niños, niñas y adolescentes puedan transitar entre diferentes zonas y que ha generado un proceso progresivo de deserción escolar que se ha incrementado en los últimos tres años, al pasar de 3,4% en 2010 al 4,4% en 2012.
Otras problemáticas que afectan a los pobladores de las comunas identificadas en riesgo son: 1) Amenazas recurrentes contra defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, docentes, líderes comunitarios, jóvenes artistas y población LGBTI. 2) Extorsiones contra comerciantes y transportadores. Según cifras de Fenalco, cerca de 25.000 pequeños comerciantes han sido extorsionados por los grupos armados ilegales con vacunas que oscilan entre los 10.000 pesos y los 100.000 pesos. 3) Desplazamiento intraurbano de 9.941 personas durante el último año, principalmente de las comunas 13, 8, 9, 1 y 3, según registros de la Personería de Medellín.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia