A la arremetida de la guerrilla de las Farc en las últimas dos semanas se suma la denuncia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre amenazas que presuntos miembros del frente 53 de este grupo armado ilegal han realizado sobre líderes comunitarios de varios barrios del nororiente de Bogotá.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ya le envió un informe de riesgo de inminencia al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en el cual se recogen las amenazas de atentar contra la infraestructura del acueducto comunitario que surte de agua a 14.500 habitantes de los barrios altos de Chapinero y Usaquén.
La Defensoría del Pueblo recibió las denuncias de los dirigentes de la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios (Acualcos), quienes aseguran que desde hace tres semanas vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones por parte de presuntos integrantes del frente 53 de las Farc.
Según información de la comunidad, la Dirección de Derechos Humanos del Distrito ya ha sido informada de las amenazas sin que hasta el momento la Administración Distrital haya tomado medidas para proteger la vida de estos líderes y ni la infraestructura del acueducto comunitario.
Al recordar los anuncios del grupo armado ilegal de realizar nuevos actos de violencia, Otálora Gómez aseguró que el monitoreo realizado por el SAT de la Defensoría detectó que la población civil de los municipios de Pueblo Rico, Apía y Santuario (en Risaralda), Riosucio y Anserma (en Caldas) y Quibdó, Atrato, Cértegui, Cantón de San Pablo, Unión Panamericana y Tadó (en Chocó), está en alto riesgo ante la amenaza de paro armado proveniente de las Farc, a partir de mañana viernes primero de febrero.
«Esta situación afectaría la movilidad, el transporte de pasajeros, carga, medicamentos y productos básicos para la sobrevivencia de la población, por lo tanto la Defensoría del Pueblo le solicita al Ministerio de Defensa y a las demás autoridades competentes, tomar las medidas de seguridad y de protección de los habitantes de la zona, especialmente a niños, mujeres y comunidades vulnerables (indígenas y afrodescendientes)» agregó Otálora Gómez.
Según los reportes del SAT, a estos hechos se suma a) lo ocurrido el pasado 25 de enero en la vereda la Granja del Municipio de Pradera, Valle del Cauca, donde supuestos guerrilleros de las Farc privaron de la libertad a dos policías que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana; b) el presunto secuestro de un comerciante y tres ingenieros en el Cauca por parte de este grupo armado ilegal; c) la retención de seis civiles en inmediaciones del corregimiento Casa de Barro, jurisdicción del Municipio de Norosí, Departamento de Bolívar, al parecer por el ELN.
A juicio del Defensor del Pueblo, «es preocupante que en Colombia se repitan episodios que se creían superados, cuando el país ya había pasado esa página. No podemos revivir las épocas de zozobra y de imágenes dantescas de mujeres y hombres secuestrados y de familias enteras destrozadas por la guerra»,
«El Derecho Internacional Humanitario contempla que las personas que no participan directamente en las hostilidades serán tratadas en todas las circunstancias con humanidad y se prohíben en cualquier tiempo y lugar la toma de rehenes, quienes deben ser liberados de manera inmediata y sin condicionamientos de ninguna clase», recordó el Defensor del Pueblo.
En relación con los casos de los miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad, Otálora Gómez solicitó que sean tratados con humanidad, respetando sus derechos fundamentales así como su integridad física y mental, permitiéndoles el contacto con sus familiares y su liberación a la mayor brevedad.
Por último, el Defensor del Pueblo exigió la liberación inmediata de los civiles y de los miembros de la Fuerza Pública que están en poder de las guerrillas del ELN y de las Farc y reitera su llamado a los grupos armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia