Como preocupante calificó el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, la situación de orden público que afecta a varias comunidades de Santa Marta, entre las que destacó el desplazamiento forzado, la extorsión y las amenazas contra los pequeños comerciantes, relacionadas con la presencia en la zona de los grupos armados ilegales ‘los urabeños’ y ‘el clan de los Giraldo’.
Recorrido por el Barrio María Cecilia, uno de los más afectados con problemas de orden público en Santa Marta.
Durante la primera jornada de su visita humanitaria a la capital del Magdalena, en la que estuvo acompañado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Terry Morel, pudo constatar la delicada situación de orden público que afecta a los habitantes de los barrios Timayui y María Cecilia, donde incluso han ocurrido 12 atentados con explosivos en lo ocurrido del año y se han registrado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, que han dejado víctimas mortales.
En su diálogo con la comunidad samaria, Otálora Gómez recibió denuncias relacionadas con el cobro de extorsiones, tanto en la zona urbana como rural, que afecta a educadores, comerciantes, tenderos y transportadores, principalmente, en las cuales también le manifestaron que no realizan la denuncias antes las autoridades judiciales por temor a sufrir retaliaciones. Además, la mayoría se quejó por la ausencia de protección tanto de las autoridades locales como de las entidades del orden nacional.
Según la información reportada al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 se desplazaron 344 personas de las veredas Marquetalia, Pueblo Nuevo, la Esmeralda, Los Linderos, Filo Seco y Puerto Nuevo. Esta situación convierte a Santa Marta en una de las ciudades con mayor número de desplazados y víctimas, con más de 300.000 víctimas.
Al igual que ocurren con el fenómeno de la extorsión, las personas afectadas por el desplazamiento han declarado que no van a los albergues por miedo a que miembros los grupos armados ilegales los identifiquen, destaca la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena.
En ese entorno, los periodistas también han resultados afectados por el accionar de los grupos armados ilegales, lo cual ha sido rechazado de manera enfática por el Defensor del Pueblo, quien también se reunió con periodistas de distintos medios de comunicación del departamento quienes han denunciado intimidaciones.
Al finalizar la jornada, el Otálora Gómez adelantó varias reuniones con las autoridades locales, entre ellas el Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, y el Gobernador de Magdalena, Luis Miguel Cotes, a quienes trasladó las inquietudes de la comunidad y les manifestó la necesidad de trabajar junto con la Defensoría del Pueblo para garantizar el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos, principalmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
Al alcalde Caicedo, particularmente, el Defensor le solicitó dar atención prioritaria a las víctimas, ya que el único albergue que existe en la ciudad está a cargo de la Defensa Civil y se sostiene con donaciones.
En la reunión con el Gobernador Cotes, el Defensor le manifestó la necesidad urgente de trabajar en los temas de seguridad y salud, toda vez que la red hospitalaria compuesta por 24 hospitales está en crisis. Además, le manifestó la necesidad de construir nuevas cárceles, ante los problemas de hacinamiento de la población reclusa.
De voz de los comandantes de la Policía, el Ejército y el director regional de la Fiscalía, el defensor conoció los avances en materia de seguridad, que aunque han sido importantes, y así lo reconoció el jefe de la Defensoría, aun son insuficientes.
El Defensor del Pueblo, continuará mañana jueves 23 de mayo su recorrido humanitario por Santa Marta. A primera hora visitará la cárcel de Rodrigo de Bastidas, para revisar la situación real de los reclusos, la situación de hacinamiento, la prestación de los servicios de salud y los procesos de resocialización que se adelantan en dicho centro de reclusión, entre otros aspectos.
Posteriormente, en compañía del representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, visitará el corregimiento de Guachaca, donde se reunirá con la comunidad de una de las zonas de Santa Marta más golpeadas por las acciones violentas de las denominadas ‘bandas criminales’, que para la Defensoría más que bandas son grupos armados ilegales. Al final de la jornada el defensor se reunirá con autoridades indígenas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia