El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, inició visita humanitaria al Archipiélago donde advirtió sobre el deterioro en materia de Derechos Humanos (DDHH) por cuenta del accionar de grupos armados ilegales denominados ‘bacrim’.San Andrés, enero 29/2014.
Con la presentación del último informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) donde se advierte la difícil situación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dio inicio al ciclo de visitas humanitarias del presente año en el departamento insular, con el fin de atender las inquietudes de la población y evaluar mecanismos de gestión para superar los problemas que la aquejan.
De acuerdo con el informe elaborado por el SAT de la Defensoría del Pueblo, durante los últimos dos años se han recrudecido los brotes de violencia, reflejados en la cifra de muertes violentas, que a cierre del año pasado registró 20 casos frente a 17 ocurridos en el período 2012, con el agravante de que en cuatro oportunidades estas muertes estuvieron acompañadas por señales de tortura, siendo el caso más reciente el ocurrido en el sector Camino al Radar, en el sur de la isla, hace tan solo tres meses.
El Defensor del Pueblo manifestó su preocupación frente a esta modalidad, que se suma a dos hechos de sicariato registrados en los últimos días, y que si bien no cobraron la vida de personas, sí evidencian un deterioro provocado fundamentalmente por la incursión y enfrentamiento de los grupos armados ilegales «Los Rastrojos» y «Los Urabeños».
Otálora Gómez indicó que no entiende por qué algunas autoridades no quieren reconocer la presencia de grupos armados ilegales en el departamento insular. «Continuaremos haciendo las denuncias a las que haya lugar y velaremos para que los organismos competentes continúen combatiendo a las denominadas ‘bandas criminales (bracim)’ y les den la protección necesaria a los habitantes de la Isla», destacó.
A este diagnóstico se agrega la desaparición de 10 personas vinculadas en el registro del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en hechos sucedidos durante los últimos cuatro años, así como el drama de las víctimas del desplazamiento forzado que afecta tanto a residentes como inmigrantes nacionales, es decir, ciudadanos que han huido de la violencia desde departamentos como Sucre, Bolívar y Chocó, buscando refugio en el Archipiélago. Tan solo el año pasado la Defensoría del Pueblo atendió a 80 familias en condición de desarraigo, equivalente a 249 personas entre niños, adultos y población de la tercera edad.
Al finalizar sus primeras reuniones con los líderes de la población raizal y de las víctimas de desplazamiento forzado, el Defensor del Pueblo advirtió que era necesario la instalación de una oficina de la Unidad de Víctimas para el Archipiélago. A la vez instó a las autoridades competentes para fortalecer las medidas de prevención a fin de contener estas amenazas que generan temor entre los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia