El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, recibió con beneplácito el fallo de la Corte Constitucional que permite que miles de colombianos afectados por el accionar de las denominadas bandas criminales (bracim), sean incluidos en la Ley de Víctimas. Ha insistido en la necesidad de reconocer tanto la modalidad del desplazamiento intraurbano como de las dinámicas de violación sistemática de los DDHH por parte de los grupos armados ilegales denominados ‘bacrim’.
La Corte Constitucional consideró ampliar el espectro de beneficiarios y definió que las víctimas del desplazamiento forzado son todas las personas afectadas por acciones constitutivas de infracción de los Derechos Humanos (DDHH) o el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como pueden ser las que actualmente ejecutan los grupos armados ilegales denominados ‘bacrim’.
Otálora Gómez, ha venido insistiendo en la necesidad de darle reconocimiento tanto a la modalidad del desplazamiento intraurbano como a las dinámicas de violación sistemática de los derechos humanos (DDHH) por parte de los grupos armados ilegales denominados ‘bacrim’, lo cual es un fenómeno que ocurre en varias zonas del país.
En este sentido, el pasado 6 de mayo se conoció un fallo de tutela sin precedentes del juzgado sexto civil del circuito de Medellín en el que se le ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de la Víctimas reconocer el desplazamiento forzado masivo sufrido por 49 personas del sector del Cerro Pan de Azúcar de la capital de Antioquia y que se incluyan en el registro único de víctimas.
La acción de tutela, interpuesta por la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín, buscaba justamente que las autoridades reconocieran el desplazamiento forzado masivo sufrido por 18 familias, luego que el 17 de abril de 2012 se registrara el asesinato de 4 habitantes de la zona.
Para el Defensor del Pueblo, no debe haber duda de que las bandas criminales son verdaderos grupos armados ilegales, con la capacidad militar y la organización suficiente para asolar a la población tanto rural como urbana y que han extendido sus acciones a lo largo y ancho del territorio nacional.
El Defensor asegura, que este nuevo panorama, no solo evidencia la gran problemática de 13 departamentos del país que reportan la presencia de estos grupos delincuenciales que centran su accionar en la extorsión, el secuestro y el terrorismo; sino que se reconoce el estatus de víctimas a quienes han sufrido perjuicios como resultado del accionar de estos grupos que, en su mayoría, surgieron tras la desmovilización de los paramilitares.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia