El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para combatir con toda la fuerza del Estado a los grupos armados ilegales conocidos como Bacrim que viene generando muerte, desplazamientos, reclutamiento forzado y otras acciones ilegales que afectan a la población más vulnerable en gran parte del territorio nacional.
Así lo advirtió durante una visita humanitaria a la cárcel de Bellavista en Medellín en la que además de constatar las condiciones de hacinamiento y las deficiencias en la prestación del servicio de salud a la población reclusa, alertó sobre el creciente número de familias que siguen desplazándose de varios corregimientos del municipio chocoano del Litoral del San Juan.
El Defensor del Pueblo recordó que desde el pasado sábado 5 de enero no ha cesado el desplazamiento forzado de población afrocolombiana en esa región del sur del Chocó por cuenta de los enfrentamientos que libran los grupos armados ilegales ‘Los rastrojos’ y ‘Los urabeños’ por el control territorial de la zona, en donde también operan las guerrillas de la Farc y el ELN.
Ante la difícil situación de la población, Otálora Gómez envió una comisión del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para verificar que las autoridades competentes brinden asistencia humanitaria e integral a las víctimas. Dicha comisión estará acompañada por funcionarios de la oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Según datos de la Defensoría Regional Chocó, ya son 681 personas de 213 familias afrocolombianas las que han sido obligadas a dejar sus territorios. Hasta el momento se registran como desplazadas a 453 personas del corregimiento de Togoromá (142 familias); 60 personas del corregimiento de Charambirá (27 familias); 65 personas del corregimiento de Pichimá (15 familias) hacia Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan, y se espera que hoy lleguen cerca de 60 personas más de Pichimá.
Adicionalmente, un total de 48 personas (18 familias) de Charambirá se están desplazando hacia Buenaventura y un total de 11 familias desplazadas de la comunidad de Playita pretenden llegar a Docordó, pero no cuentan con las condiciones de transporte y por el acoso de uno de los grupos armados ilegales.
Otálora Gómez recordó que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo el 20 de diciembre de 2012 había hecho una nota de seguimiento recordando a las autoridades competentes de la dinámica del conflicto armado en el Bajo, Medio y Alto Baudó chocoano en la que se alude al escenario de disputa territorial entre ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’, que afectan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en el territorio. Sin embargo, destaca que la lucha por el control del territorio entre estos grupos armados ilegales en dicha zona se extendió hasta el municipio limítrofe del Litoral del San Juan.
El Defensor del Pueblo, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que «tome las medidas que sean necesarias para combatir de manera urgente y efectiva a este tipo de estructuras que dejaron de ser simples bandas delincuenciales para convertirse en verdaderos grupos armado ilegales, con la capacidad militar y la organización suficiente para asolar no solo al departamento del Chocó sino que han extendido sus tentáculos a lo largo y ancho del territorio nacional.»
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia