El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, alertó por el fuerte incremento en el número de acciones de tutelas que han venido interponiendo los ciudadanos para que se les garantice el derecho a la salud, las cuales llegaron a 109.000 recursos entre enero y noviembre de este año, lo que representa el 26,7% del total de tutelas interpuestas en el país.
Así se lo manifestó el Defensor del Pueblo al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, durante una reunión realizada en la mañana de hoy, en la cual los altos funcionarios analizaron diversos mecanismos de trabajo conjunto para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional para que las diferentes entidades competentes logren la efectiva protección del derecho fundamental a la salud.
El Defensor Otálora Gómez se mostró preocupado porque el 68% de las solicitudes de tutela que invocan el derecho a la salud son para reclamar lo que ya está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que las EPS deberían suministrar sin disculpas. De la misma forma, destacó que las solicitudes más frecuentes en las acciones de tutelas están relacionadas con tratamientos (24,3%), suministros de medicamentos (19,3%), aprobación de cirugías (11,9%) y asignación de citas médicas (10,8%).
«Es tan compleja la situación, que la rama judicial está coadministrando la salud, porque son los jueces a través de las tutelas quienes están entrando a solucionar los problemas de salud de los ciudadanos, con el agravante de que se pueden dar órdenes equivocadas. Esto se ha venido acentuando desde el pasado mes de julio cuando se unificó el POS subsidiado al contributivo, lo cual se ha evidenciado con la salida de las EPS que prestaban el servicio en el régimen subsidiado», agregó.
Al finalizar la reunión, el Defensor del Pueblo y el Ministro de Salud acordaron una agenda de trabajo conjunto para que durante el primer semestre del próximo año se logren avances significativos en la protección efectiva del derecho a la salud de los colombianos y de la misma forma establecieron una alianza para trabajar en la pedagogía de los derechos de los ciudadanos en materia de salud, de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia