El Sistema de Alertas Tempranas constató situaciones de riesgo por este fenómeno en 153 municipios de 28 departamentos Una investigación de la Delegada para los Derechos de la Niñez, recoge evidencias sobre peligrosas modalidades de vinculación en Antioquia, Guajira, Chocó, Nariño, Cauca y el Valle del Cauca Hasta helados y dulces con marihuana son utilizados como gancho para manipular la voluntad de niños y adolescentes.
Al conmemorarse el Día Internacional contra el Reclutamiento Infantil, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación de riesgo que frente a este fenómeno criminal padecen niños, niñas y adolescentes en buena parte del país.
Como resultado de 72 informes de riesgo y 40 notas de seguimiento elaboradas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución entre los años 2012 y 2013, se evidenció la vulnerabilidad que frente a los derechos de la población infantil por esta práctica existe en 153 municipios de 28 departamentos en el territorio nacional.
Si bien las FARC y el ELN siguen siendo responsables de la vinculación de menores de edad al conflicto (hecho que según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas involucra a 6.920 niños. niñas y adolescentes), los grupos post desmovilización de las AUC o «bandas criminales» son protagonistas principales del reclutamiento mediante la sustracción de personas en zonas rurales y urbanas, la incorporación ilegal al brazo armado de esas organizaciones y la utilización de los jóvenes en actividades de inteligencia o colaboración permanente.
A los informes de riesgo emitidos por el SAT, se suma una investigación en terreno realizada por funcionarios de la Delegada para la Niñez y la Juventud entre octubre y diciembre del año pasado, quienes documentaron preocupantes modalidades de vinculación de los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos ilegales en diferentes regiones del país:
– En la Guajira, por ejemplo, se constató la instrumentalización de los menores de edad para el hurto y comercialización de combustibles para beneficio de las «bandas criminales»
– En Zaragoza y El Bagre (Antioquia) se evidenciaron casos de explotación sexual en niñas, mientras en Tumaco (Nariño), Buenaventura (en el Valle) y algunos municipios del Cauca (con 119 episodios recientes de reclutamiento), se documentaron situaciones de violencia sexual con menores de 8 años, así como el rapto de adolescentes que fueron violadas y obligadas a consumir sustancias sicoactivas en hoteles durante períodos de entre 3 y 5 días.
– Precisamente en el barrio San Francisco de Asís de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo encontró que los actores armados distribuyen helados y dulces impregnados de marihuana, para de esa manera manipular la voluntad de los niños y someterlos a sus intereses criminales.
– En el Chocó, particularmente en municipios como Quibdó, Cértegui, Istmina y Tadó, se registran en promedio entre dos y tres denuncias mensuales por reclutamiento, las cuales comprometen mayoritariamente a las FARC, y en un segundo lugar al grupo de «Los Rastrojos».
– En tanto que en los corregimientos de Bilbao (municipio de Planadas), Puerto Saldaña y Herrera (en Rioblanco), así como El Limón y Amoyá (en Chaparral), se verificaron casos de incorporación ilegal para la siembra de minas antipersona y la elaboración de artefactos explosivos.
La alerta derivada de los informes de riesgo del SAT, cobija a:
– 14 municipios en cada uno de los siguientes departamentos: Chocó, Córdoba y Nariño.
– 12 municipios en Antioquia
– 11 municipios en el Meta
– 10 municipios en Bolívar
– 8 municipios tanto en Cauca como en Norte de Santander
– 6 municipios en Quindío e igual número en el Valle del Cauca
– 5 municipios en Caquetá, Sucre y Vaupés, respectivamente
– 4 localidades tanto en Arauca como en Boyacá, Guaviare, Putumayo y Tolima.
– Y tres municipios en Cundinamarca, incluido Soacha, donde en las últimas dos semanas se registraron al menos cuatro muertes violentas de jóvenes, incluido un adolescente de 16 años hijo de una lideresa que el 18 de Noviembre del año pasado reportó amenazas contra su vida, razón por la cual la Defensoría Regional de Cundinamarca adelantó los trámites y solicitó las medidas de protección correspondientes ante las autoridades.
Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la Ley, entre los años 1999 y 2013, recibió a 5.330 menores de edad, de los cuales el 72% son niños y el 28% niñas. Según la misma fuente, el año con mayor registro de ingreso al programa fue el 2003 cuando se registraron 775 niños y niñas en el Programa, en tanto que durante el año 2012 se registró el ingreso de 264 niños y niñas al Programa, y en los primeros nueve meses del año 2013 se registraron 242.
Dado este panorama, el Defensor del Pueblo (E), Esiquio Manuel Sánchez Herrera, condenó el accionar de los grupos armados ilegales, a quienes exigió abandonar el reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes; reiteró su llamado a las partes para que se incluya en la agenda de paz la desvinculación de los menores inmersos en el conflicto; a la vez que reiteró su exhortación al Gobierno Nacional, a los alcaldes y gobernadores y demás autoridades competentes para que se adopten medidas eficaces a fin de contener el reclutamiento forzado de menores, que ya no sólo se presenta en las zonas rurales sino también en las grandes ciudades para la comisión de actividades de sicariato, extorsión, hurto y microtráfico.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia