Difíciles condiciones de salubridad y alimentación, agresiones de la guardia y condiciones de riesgo para la integridad de los internos, hacen parte del panorama que podría mejorar con esta nueva herramienta puesta en marcha de la mano con la Procuraduría.
Debido a la sistemática violación de derechos humanos en varias cárceles del país, y que en la actualidad es de permanente preocupación en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, la Defensoría del Pueblo decidió implementar la herramienta denominada Mecanismo de Denuncia, la cual busca recoger, en visitas hechas a los penales, todas las problemáticas que van en contra de la integridad física, mental y de las condiciones de salubridad de los reclusos.
Justamente, y como resultado de varias visitas humanitarias a dicho centro de reclusión (la última de ellas la semana pasada), la Defensoría consideró necesario iniciar la ruta de activación del instrumento judicial en ese lugar, donde son insistentes las denuncias de los internos respecto a la deficiente prestación en el servicio de agua, la mala alimentación, las pésimas condiciones de salubridad, así como el deterioro de la infraestructura, pese a ser ésta una cárcel de última generación.
Los funcionarios de la Entidad pudieron constatar la falta de agua potable, pues los internos solo tienen el preciado líquido tres horas al día; alimentos en mal estado; las basuras cerca de la cocina expeliendo en todo momento malos olores; la mayoría de baños con letrinas porque no tienen sanitarios, y la utilización de botellas plásticas y bolsas para hacer sus necesidades, son la constante bajo temperaturas que superan los 40 grados centígrados.
La comisión evidenció que algunos guardianes del Inpec no portan su identificación, circunstancia que anteriormente ha favorecido prácticas de agresión a la población reclusa, la cual pese al cierre de una celda conocida como “Villa Mosquito” y que era utilizada como sitio de tortura, denuncia que los atropellos continúan. La Defensoría, además pudo verificar que la planta de tratamiento de agua funciona a media marcha y no cuenta con un operario para su mantenimiento.
La cárcel, también conocida como “La Tramacúa”, alberga 1.536 internos, y pese a que no existe hacinamiento en relación con la capacidad instalada, como ocurre en otras ciudades, las condiciones de alojamiento y cotidianidad son precarias.
Además de la denuncia permanente sobre estas constantes violaciones a los Derechos Humanos (que se repiten en otros penales del país), de los frecuentes requerimientos a las autoridades competentes y del llamado para que se decrete la emergencia social carcelaria, la Defensoría consideró necesario activar el Mecanismo de Denuncia para que se garantice, como mínimo, el derecho de los internos a expresar su problemática y así buscar las instancias del Estado que puedan atender sus inquietudes.
La estrategia del Mecanismo de Denuncia de la Defensoría del Pueblo, acompañada por la Procuraduría General de la Nación, busca capacitar y orientar a los internos para que tramiten sus quejas dando a conocer los maltratos de que son objeto.
Cabe recordar que el 14 de mayo del año pasado, la Corte Constitucional decretó por segunda ocasión el “Estado de Cosas Inconstitucional” dada la omisión de las autoridades para resolver la situación que aún persiste en la mayoría de las 138 cárceles del territorio nacional.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia