La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio ha visitado la población Mina Santa Cruz, donde la extracción de oro realizada bajo las viviendas ha ocasionando una grave falla geológica y ha instado a las autoridades a que tomen medidas urgentes para proteger la vida de 2.400 personas que integran 650 familias ante el peligro de que sus casas queden engullidas en los socavones.
Durante una visita humanitaria de la Defensoría, se pudo constatar que las viviendas y las calles están agrietadas y que algunas edificaciones incluso ya colapsaron, como ocurrió el año pasado con los salones de los niños de preescolar y primero de primaria de la institución educativa Simón Bolívar.
En un informe de la Gobernación de Bolívar, elaborado por el Comité de Prevención de Desastres y un geólogo de la Secretaría de Minas de la Gobernación, se estableció que las fallas se deben, al parecer, a los socavones que la misma comunidad ha abierto para la explotación minera.
En algunos casos son huecos hasta de 5 metros de profundidad que abren en los patios de las casas, y tienen un recorrido horizontal que supera los 10 metros. A ellos ingresan los hombres sin cascos, vistiendo solo camisetas, utilizando como calzado unas chancletas y en ocasiones completamente descalzos, es decir sin las mínimas condiciones de seguridad requeridas. Generalmente, estos mineros artesanales bajan a los socavones usando sogas o por escaleras rústicas hechas con troncos. En la medida en que van abriendo camino bajo la tierra, dejan soportes improvisados de madera que tampoco son fiables para su integridad.
Lo más grave, además del riesgo para la vida de los mineros dentro de estos socavones irregulares, es que los huecos desgastan y acaban los cimientos de las construcciones, lo cual termina poniendo en peligro a las familias de estos trabajadores.
Los funcionarios que estuvieron en el terreno observaron cómo esta fiebre por el oro ha significado la apertura de túneles en una colina del corregimiento, a la que los mismos habitantes llaman «la montaña hueca», símbolo forzoso de esta población a la que sólo es posible acceder luego de un viaje de ocho horas en chalupa.
La Defensoría del Pueblo, a través de su regional en el Magdalena Medio, envió requerimientos al Ministerio de Minas y Energía, a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía de Barranco de Loba para que se haga la reubicación de las 2.400 personas afectadas, «con lo cual se evitaría una catástrofe de incalculables proporciones». Según el propio mandatario del municipio de Barranco de Loba, existe un lote para hacer efectivo ese traslado, pero advirtió que no cuentan con el presupuesto para llevarlo a cabo.
Vale la pena indicar que, a pesar de esta situación, la comunidad conformó un comité de mineros artesanales, con títulos legales para la extracción de oro, con el que han logrado construir un puesto de salud, una sede social y comprar una chalupa ambulancia. Sin embargo, la extracción que se hace en zonas no adecuadas ni autorizadas, es decir, la minería ilegal, es la que los tiene en riesgo.
Llama la atención que siete retroexcavadoras, cuyos dueños no se conocen, fueron trasladadas al casco urbano del corregimiento, ocasionando un daño ambiental importante, ya que para extraer entre 15 a 30 gramos de oro, remueven al menos una tonelada de tierra. Tras la destrucción de la capa vegetal, las máquinas han dejado zanjas en terrenos baldíos, convirtiéndolos en grandes pozos de agua estancada y en foco para la propagación del mosquito anopheles, vector del virus de la malaria.
En cuanto al tema de orden público, hay temor entre los habitantes por la llegada de grupos armados ilegales, particularmente de estructuras post-desmovilización, razón por la cual la Defensoría del Pueblo solicitó al Comandante de la Policía en Bolívar y al Comandante de la Segunda División del Ejército, que adopten las medidas de seguridad pertinentes en el corregimiento Mina Santa Cruz, el cual «ha sido escenario de riesgos constantes para la población civil por una confluencia de factores relacionados con la presencia de actores armados al margen de la ley, mezclados con el conflicto territorial minero».
La Defensoría también hizo una petición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que garantice la protección de niños, niñas y adolescentes, declarados igualmente en peligro, debido la falta de agua potable, que además de ser escasa, presenta una alta concentración de mercurio por la actividad minera que allí se desarrolla; ello sumado a deficiencias en la alimentación y amenazas como el reclutamiento forzado que ejercen los grupos armados ilegales.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia