La Defensoría del Pueblo ha registrado al menos 20 acciones de las Farc con afectación directa a los ciudadanos, desde que se suspendió el cese unilateral del fuego.Tras el registro de por lo menos 20 acciones de las Farc con consecuencias directas para la población civil desde cuando se suspendió el cese al fuego unilateral, la Defensoría del Pueblo advirtió que la actual arremetida de esa guerrilla contra la integridad y bienes de los ciudadanos, demuestra una abierta violación al Derecho Internacional Humanitario.
Los últimos hechos dan cuenta de la emergencia ambiental en Puerto Asís, Putumayo, por el vertimiento de 200 mil galones de crudo; los daños provocados a varias viviendas al activarse un artefacto explosivo contra la estación de policía en Leyva, Nariño; y el atentado del fin de semana contra el acueducto de Algeciras, Huila; ello sin contar las graves heridas que sufrió un niño de 11 años al pisar una mina antipersonal en zona rural del Valle de Guamuez.
La Defensoría, que previamente había registrado hechos similares en Valle, Antioquia, Meta, Nariño y Cauca (todos incluidos en la alerta temprana del pasado 22 de mayo), insiste en que, además de mecanismos audaces en favor de las víctimas como la Comisión de la Verdad anunciada el jueves pasado, el país necesita demostraciones de paz que comiencen por el respeto a los derechos humanos de quienes son ajenos al conflicto armado.
En este sentido, considera la Defensoría del Pueblo que los países garantes para los diálogos de La Habana, podrían jugar un papel preponderante para que la guerrilla excluya a la población civil de la confrontación y asuma la obligación de acatar esa normatividad internacional, mientras se desarrollan las negociaciones.
Agrega la Defensoría, que actuar en sentido contrario, como lo viene haciendo las Farc, no sólo desacredita el propósito de las conversaciones en Cuba, sino que agrega más víctimas a la ya elevada cifra de 7 millones 438 mil reconocidas oficialmente por el Gobierno, y cuya Mesa Nacional será instalada este miércoles en el departamento de Boyacá.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de Colombia