La Entidad envió una comisión de verificación a los municipios de Soledad, Galapa, Malambo, Sabanagrande y Manatí, donde la Secretaría de Salud Departamental habría encontrado evidencias de contaminación. La Defensoría del Pueblo también instauró una denuncia penal por las precarias condiciones de almacenamiento de los alimentos en Unguía, Chocó.
Intervenciones de inspección y de carácter jurídico adoptó la Defensoría del Pueblo ante las irregularidades advertidas en por lo menos dos programas de suministro de alimentos para los niños, niñas y adolescentes en las regiones del país.
Por una parte, y frente a las denuncias formuladas por la Secretaría de Salud del Atlántico respecto a la contaminación y mal estado de las comidas entregadas a los menores de edad en hogares infantiles de varios municipios en ese departamento, la Entidad envió una comisión verificadora a las poblaciones de Soledad, Galapa, Malambo, Sabanagrande y Manatí, donde se estarían presentando algunos de los casos más graves.
De la misma manera, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Salud copia del informe técnico que sustenta las denuncias, así como un avance respecto a los correctivos que desde esa institución han sido dispuestos. Paralelamente, se requirió mediante oficio a la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a fin de que explique los protocolos para la manipulación, entrega y almacenamiento de los alimentos, el censo de niños y niñas beneficiarios de estos programas, el listado de los responsables para la administración y ejecución de los mismos, así como las medidas adoptadas para prevenir situaciones como las advertidas por la administración departamental.
Por otra parte, y a propósito de las graves denuncias que se conocieron respecto a presuntas irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre la Gobernación del Chocó y la Fundación para la Gestión y el desarrollo Social de Colombia (Fungescol) para la operación del programa de alimentación escolar en Unguía, la Defensoría interpuso una denuncia penal por las precarias condiciones de almacenamiento y manipulación de los comestibles.
Luego de visitas de inspección a sitios como la Institución Educativa Agrícola de Unguía y la Escuela del Puerto, en esa misma localidad, la Defensoría Regional Urabá puso el caso a disposición de la Dirección Seccional de Fiscalías en Quibdó, con copias al Fiscal General Eduardo Montealegre, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, al Contralor General de la República, Edgardo Maya, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, y a la Ministra de Educación, Gina Parody
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia