El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, condena el asesinato del señor Luis Fernando Morales Idárraga, de 51 años de edad, ex alcalde del municipio de El Dovio, perpetrado por presuntos miembros de un grupo armado ilegal, el día miércoles 23 de marzo.
Según información recibida en la Defensoría del Pueblo, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:30 de la tarde en la finca La Primavera de la vereda Guabitas, del municipio de El Dovio, cuando varios hombres ingresaron a la misma y lo golpearon en la cabeza con elementos contundentes que le produjeron la muerte.
El señor Luis Fernando Morales Idárraga, se desempeñó como Alcalde Municipal de El Dovio durante los años 2004 y 2005, y según lo manifestado por el Secretario de Gobierno Municipal de esa localidad, proyectaba aspirar a esa misma alcaldía para los comicios regionales del mes de octubre de 2011, y no había denunciado recientemente amenazas de muerte.
La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas había advertido mediante el Informe de Riesgo N° 021 de 2009 y la Nota de Seguimiento N° 025 del 10 de diciembre de 2010 sobre la presencia y accionar del grupo armado ilegal “Los Rastrojos” en algunos sectores del área urbana y rural del municipio de El Dovio, que realizan acciones de violencia, tales como: amenazas e intimidaciones contra líderes sociales y servidores públicos del municipio, homicidios mediante la modalidad del sicariato, reclutamiento y utilización de adolescentes y jóvenes, lo cual genera un ambiente de temor en la población civil.
El Defensor del Pueblo, al rechazar este crimen, pone de presente que el homicidio de un aspirante a la alcaldía en el marco del proceso electoral debe llamar la atención de las autoridades competentes y de la Fuerza Pública para adecuar los dispositivos de seguridad con el fin de que los partidos y movimientos políticos como los candidatos a cargos de elección popular puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de constreñimiento con miras a las elecciones de octubre.
De igual manera, el Defensor del Pueblo solicitó de la Fiscalía General de la Nación, adelantar una rápida investigación para esclarecer los móviles e identificar y sancionar a los presuntos responsables.
FUENTE: Defensor del Pueblo de Colombia.