En visita humanitaria realizada semanas atrás, la Defensoría corroboró que los habitantes del barrio Santander se desplazan todas las noches para resguardarse en casas de vecinos y familiares, para salvaguardar su vida e integridad personal ante la posibilidad de ataques y hostigamientos.
Una delicada situación de orden público se está presentando en el municipio de Inzá (Cauca), debido a ataques de la guerrilla de las Farc que, como ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo a través de un informe de riesgo emitido por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), mantiene en condición de alta vulnerabilidad a 2.250 habitantes del perímetro urbano de esa localidad.
En primer lugar, las Farc habrían cargado con explosivos un bus que impide la salida de Inzá hacia el departamento del Huila. Las autoridades verifican la situación en la vía a La Plata, para desactivar los 20 kilos con los que, según el reporte preliminar, estaría cargado el automotor.
Además, esta mañana se presentó un hostigamiento a la estación de Policía en el casco urbano de la localidad, lo que obligó a la evacuación inmediata de los 550 niños que estudian en dos colegios que están cerca de la instalación policial. La Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de trasladar la estación a un sitio que no afecte a la sociedad civil. También se informó que a diez minutos de la cabecera municipal, en el corregimiento San Andrés de Pisimbalá, la guerrilla ubicó un retén ilegal en la carretera.
Estos son los hechos más recientes de una serie de reportes que indican que el grupo guerrillero ha realizado varios ataques a la cabecera municipal de Inzá. Los antecedentes se remontan al 2001, cuando un ataque de las Farc dejó como resultado la muerte de varios uniformados, la destrucción del puesto de Policía y un número considerable de viviendas afectadas alrededor de la estación. Diez años después, en diciembre de 2011, la guerrilla volvió a atacar con cilindros bomba la Estación de Policía, siendo impactadas las viviendas de quienes viven en el barrio Siloé.
El pasado 7 de diciembre de 2013 un nuevo ataque sorprendió a los pobladores en un día de mercado, cuando las Farc atacaron de forma indiscriminada, desde una camioneta acondicionada con una plataforma de lanzamiento dirigieron dos cilindros bomba que destruyeron la estación de Policía. En el hecho murieron dos civiles y seis integrantes de la Fuerza Pública; además resultaron heridas otras 68 personas.
La Defensoría verificó la situación de vulnerabilidad de la población civil
Debido a la constante presencia de hombres armados ilegales en la zona, la Defensoría del Pueblo realizó una visita humanitaria los días 12 y 13 de febrero de 2014 a Inzá, donde funcionarios de la Entidad sostuvieron un diálogo abierto con las víctimas del ataque ocurrido en diciembre pasado, quienes manifestaron que no han recibido la asistencia humanitaria por parte de la Unidad Nacional de Atención de Víctimas y que la ayuda de emergencia la recibieron en su momento de la Alcaldía, la Personería y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
De la misma forma, aseguraron no estar inscritos en el Registro Único de Víctimas y afirmaron que el apoyo psicosocial lo han recibido de Médicos Sin Fronteras, pero no del Estado. En cuanto al tema de salud, las víctimas expresaron no haber recibido atención especializada y denunciaron demora en los trámites.
Cabe señalar que durante el mes de enero de 2014 y los primeros días de febrero, se presentaron los siguientes hechos:
17 de enero de 2014: En medio de los combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla murió un joven civil de 19 años de edad en la vereda Viborá.
21 de enero de 2014: En La vereda El Hato en Inzá, en la vía que conduce de Popayán al municipio de La Plata (Huila), miembros de las Farc interceptaron dos vehículos que trasportaban gas y hurtaron 130 cilindros, días después fueron hallados los vehículos en otro sector.
23 de enero de 2014: Hostigamiento de las Farc contra la cabecera municipal a partir de las 10:30 de la noche, prolongándose esta acción armada por cerca de dos horas, específicamente contra la casa de paso donde temporalmente está ubicada la Estación de Policía en el barrio Santander.
30 de enero de 2014: Presuntos integrantes de la Farc instalaron un retén ilegal sobre la vía principal «Transversal Libertador» en los sitios denominados «El Crucero de Víbora y El Crucero de San Andrés». En el hecho fue desviado de la ruta un bus de servicio público y retuvieron un vehículo de la Gobernación del Cauca, en el que viajaban varios funcionarios que fueron dejados en libertad horas después.
09 de febrero de 2014: En el corregimiento de Pedregal fueron asesinados con armas de fuego dos jóvenes en un establecimiento comercial.
11 de febrero de 2014: En un retén ilegal de las Farc, fue hurtado un vehículo que transportaba cilindros de gas en el sector conocido como Gabriel López, en inmediaciones con el municipio de Totoró.
12 de febrero de 2014: En un retén ilegal de las Farc fue hurtado un vehículo de la empresa de energía Compañía Energética de Occidente, que presta los servicios de suministro y mantenimiento en el municipio de Inzá.
Ante la situación de riesgo inminente, los habitantes de los sectores aledaños a la Estación de Policía, entre los que se encuentran 550 niños, niñas y adolescentes, tomaron la decisión de desplazarse y albergarse todas las noches donde vecinos y familiares del barrio Bolívar y otros más alejados, con el fin de salvaguardar su vida e integridad personal, por la inminencia de posibles nuevos ataques de las Farc.
Debido a la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades competentes adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida y tranquilidad de los habitantes de esta población, al igual que en los municipios de Argelia, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, Miranda y Toribío, según los advierte la Entidad en su informe de riesgo.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo acompañamiento humanitario a los habitantes de Toribío (Cauca) quienes sufrieron ayer en la madrugada un hostigamiento por parte del grupo guerrillero y del atentado en Iscuandé (Nariño), donde las autoridades siguen buscando dos auxiliares de policía desaparecidos luego de caer al río como consecuencia de la onda explosiva.
Por último, la Defensoría del Pueblo le insistió a la guerrilla de las Farc dejar por fuera de sus acciones armadas a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el caso particular de Inzá agravado por la afectación de niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección por parte del Estado.
http://www.youtube.com/watch?v=BoW6Gbllf5E
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia