El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, asistió a la instalación del «Curso internacional de capacitación sobre delitos sexuales como crímenes internacionales», evento que contó con la presencia del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón; el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo; la Coordinadora Nacional de ONU-Mujer, Belén Sanz Luque; el director Ejecutivo de Justice Rapid Response, András Vamos-Goldman; entre otros.
Otálora Gómez saludó con beneplácito esta iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades, quienes orientarán y formarán nuevos expertos en los procesos de investigación de los delitos sexuales. «Esta formación es fundamental para el país, ya que dentro de esta categoría subyacen algunas de las más dolorosas, infamantes y reprochables violaciones a la dignidad de miles de mujeres, niños y niñas en el planeta, particularmente originadas en conflictos armados», destacó.
El Defensor del Pueblo resaltó que los delitos sexuales como crímenes internacionales obligan al país a pensar en mecanismos de investigación judicial específicos, no solo por la condición de las víctimas, sino además por los distintos contextos y escenarios de perpetración.
Finalmente, enfatizó el apoyo que brindará la Defensoría del Pueblo en procesos como el que inicia la Fiscalía y hace votos porque sus destinatarios se conviertan en una fuerza multiplicadora de esta nueva concepción y pueda contribuir en breve a los esfuerzos nacionales e internacionales.
A continuación las palabras del Defensor del Pueblo:
En la perspectiva de los derechos humanos, que al fin y al cabo es y debe ser la pieza fundamental de toda política de los Estados democráticos, la reflexión y análisis de los contenidos e implicaciones de los delitos sexuales como crímenes internacionales, resulta no solo oportuna, sino también necesaria, pues en esta especial categoría, subyacen algunas de las más dolorosas, infamantes y reprochables violaciones a la dignidad de miles de mujeres, niños y niñas en el planeta, particularmente originadas en conflictos armados.
Por ello la Defensoría del Pueblo saluda con beneplácito esta valiosa iniciativa de las Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades convocantes a este Curso de Capacitación que se orienta y ordena a formar nuevos expertos en los procesos de investigación de los delitos sexuales y de género como delitos internacionales, que muy posiblemente en el futuro puedan ser candidatos a integrar el prestigioso panel de expertos mundiales en el tema y a colaborar con su experticia en los procesos de investigación judicial con diversos Estados, las Naciones Unidas e incluso con la propia Corte Penal Internacional.
Esta iniciativa que ya tiene un desarrollo importante en varios países, constituye un esfuerzo altamente positivo y eficaz para enfrentar uno de los fenómenos criminales que de manera más dramática conmueven la conciencia pública internacional e invita a los Estados del Mundo y a las organizaciones intergubernamentales a luchar de manera decidida contra sus perpetradores.
Los delitos sexuales como crímenes internacionales nos obliga a pensar en una categoría específica y en mecanismos de investigación judicial igualmente específicos, por la condición de las víctimas, por la naturaleza y composición de las organizaciones criminales o de los grupos armados implicados, por los distintos contextos y escenarios de perpetración, por las modalidades y los múltiples fines que se persiguen los victimarios.
Debe tomarse en cuenta que existen riesgos y prácticas estatales inadmisibles para enfrentar e investigar estos crímenes, tales como la de banalizar el fenómeno, crear o aceptar ciertos supuestos culturales de justificación, reducir la problemática a simples conductas originadas en alteraciones sexuales de los victimarios, ignorar la gravedad penal de orden interno e internacional y negar el vínculo de su regulación interna con el Derecho Penal Internacional.
Suele incurrirse también en la desafortunada consideración de las víctimas de estos crímenes como personas minusválidas y no como verdaderos sujetos de derechos con la plenitud de sus efectos, en cuyo caso sería necesario reconocer su capacidad activa en los procesos de investigación.
Desde el punto de vista dogmático y especialmente en relación con el bien jurídico comprometido con estos crímenes, debe tomarse en cuenta que los estatutos internos y aún las regulaciones internacionales de los conflictos no contemplaban los delitos sexuales bajo esa perspectiva o a lo sumo se consideraban ataques de naturaleza estrictamente sexual o a la honor o a la familia.
La experiencia internacional acumulada y de manera especial los resultados de los juicios adelantados ante diversos tribunales penales internacionales ad-hoc, permitió que finalmente el Estatuto Roma reconociera la violencia sexual y de género como delitos contra la libertad, la integridad física y la sexualidad de las mujeres y se categorizara como delitos la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, las persecuciones basadas en el género, el tráfico de mujeres y niños y la violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y en algunas circunstancias reconoce algunos de estos crímenes como forma especial de genocidio.
Nuestra legislación interna ha tratado de ponerse a tono con la nomenclatura del Derecho Penal Internacional. La práctica adecuada de la investigación criminal en este frente avanza con dificultades de concepción. Y el conflicto interno ha puesto en evidencia que los delitos sexuales que son crímenes internacionales de alguna manera han caracterizado su dinámica y dolorosa realidad.
Por todo ello reitero mi felicitación a los organizadores del curso, hago votos porque sus destinatarios se conviertan en una fuerza multiplicadora de esta nueva concepción y pueda contribuir en breve a los esfuerzos nacionales e internacionales para su investigación adecuada e eficaz y también a su superación para prepararnos al futuro escenario de la paz y el postconflicto.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia