La celebración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres (el pasado viernes 25 de noviembre), constituye un compromiso permanente por parte del Estado colombiano y de la sociedad para asegurar la eliminación de toda las formas de violencia contra la mujer y una condición para avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz en Colombia, señaló el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz.
Esta celebración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta de la dictadura militar en República Dominicana.
En 1981 se celebró en Bogotá el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres y en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.
Grave violación a los DDHH
En el marco del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá, las mujeres hicieron un llamado a la sociedad y a los Estados para que reconocieran la violencia contra las mujeres como una de las más graves violaciones a los derechos humanos que requiere de acciones urgentes para su erradicación, no sólo por los efectos que tiene en la vida concreta de las mujeres sino porque, además, constituye uno de los obstáculos estructurales para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo destacó que para Colombia es significativo que treinta años después de que las mujeres decidieran establecer este Día Internacional, tenga lugar nuevamente en la ciudad de Bogotá el 12 Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe y saluda la presencia de más de mil mujeres provenientes de varios países del continente, algunas de las cuales hicieron parte del primer encuentro, y que, con su presencia en nuestro país, reiteran nuevamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Mujeres y conflicto armado
Igualmente, Pérez Ortiz indicó que para Colombia, además de esta coincidencia histórica, la persistencia del conflicto armado y sus consecuencias específicas en la vida de las mujeres, nos obligan a hacer visible la violencia contra las mujeres, particularmente de las víctimas, como consecuencia de su participación social y política; violencia que genera obstáculos adicionales para la participación femenina.
Las mujeres, además de ser víctimas de las múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan en general a la población civil, siguen siendo víctimas de la violencia sexual como mecanismo de intimidación y control sobre sus actividades. El Defensor del Pueblo expresa su preocupación por la persistencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y por la ausencia de información estadística que permita dimensionarla y, en consecuencia, atenderla adecuadamente.
No obstante, “(…) durante el año 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó valoraciones médico legales por presuntos delitos sexuales a 18.129 personas, de las cuales 15.191 (83,8 %) eran mujeres. Durante el mismo periodo el sector salud realizó valoraciones médico legales por presuntos delitos sexuales a 2.013 personas, de las cuales 1.725 (85,7%) eran mujeres (…)”.
La Defensoría también ha realizado atención directa a mujeres víctimas de violencia sexual por parte de actores armados lo que permite sostener que esta es una práctica más extendida de lo que la sociedad, el Estado y los mismos actores armados reconocen, y que, por tanto, se deben desarrollar acciones tendientes a identificarla, prevenirla y sancionarla.
Acciones de prevención
La Defensoría del Pueblo considera que la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado es una extensión de las violencias contra ellas en otros ámbitos. Cuando es usada por los actores armados tiene mayores niveles de crueldad y efectos específicos en el ejercicio de sus derechos. Reconocer esto implica que se deben desarrollar acciones de prevención y protección para garantizar a las mujeres su derecho a la participación.
Por ello, la Entidad ha incluido de forma sistemática en sus informes de riesgo, y recientemente en tres investigaciones temáticas sobre violencia contra las mujeres elaboradas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ONU Mujeres y el Programa Integral contra Violencia de Género MDGF, con relación a la violencia de género en el marco del conflicto armado en las ciudades de Cartagena, Buenaventura y el departamento de Nariño, en los que se documentan los riegos específicos que enfrentan las mujeres en contextos regionales y como consecuencia de sus acciones de liderazgo, así como en la defensa de los derechos de las víctimas.
En el Distrito de Cartagena
En el Informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de riesgo e impacto diferencial del conflicto armado en las mujeres del Distrito de Cartagena, se identificaron cinco factores de riesgos que a juicio de las lideresas de esa región son los que más las afectan:
1) Amenazas contra las mujeres y sus familiares por pertenecer a una organización, por su labor de liderazgo o por hacer parte de un proceso comunitario que derivan en desplazamientos intra urbanos.
2) El riesgo de ser despojadas de sus tierras y obligadas a dejar los asentamientos para que se puedan implementar en ellos los macro proyectos turísticos e industriales.
3) La vinculación y el reclutamiento forzado de sus hijos por parte de los grupos armados post desmovilización, guerrilla y pandillas.
4) La violencia sexual y la explotación sexual de niñas y adolescentes con fines comerciales en Cartagena.
5) Condiciones de vulnerabilidad generadas por la falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales para las mujeres y sus familias.
En Nariño
Por su parte, en el Informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres de Nariño, se señala que en este departamento son recurrentes diversas formas de violencia sexual perpetradas no solo por miembros de grupos armados ilegales sino por agentes estatales. Estas formas de victimización incluyen, entre otras, la prostitución forzada, la explotación sexual con fines comerciales, la trata de personas, el contagio de enfermedades de transmisión sexual y VIH-sida, el embarazo forzado y la esclavitud sexual.
En el Distrito de Buenaventura
Respecto a la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo para identificar los escenarios de riesgo de violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito de Buenaventura, las entrevistas y grupos focales realizados con mujeres y lideresas de esta localidad, permitieron establecer los siguientes riesgos:
1) los derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos.
2) Los pertinentes de su papel de cuidadoras, ante la amenaza de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas u otro tipo de involucramiento con los actores armados.
3) Los de sus relaciones reales o presuntas con miembros de los grupos armados.
4) Los relacionados con el incumplimiento de normas de comportamiento impuestas por los actores armados.
En el Distrito de Buenaventura, estos riesgos se han materializado a través de diversas modalidades de violencia que han afectado de manera diferencial a las mujeres, entre ellas, la violencia sexual, los homicidios y el desplazamiento forzado.
Las amenazas contra lideresas se han hecho más recurrentes. En el último año fueron divulgados varios panfletos amenazantes contra lideresas de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y, particularmente, contra organizaciones de población desplazada. Durante el periodo 2008-2010, mientras el número total de homicidios del Distrito disminuyó de 217 a 146 en el último año, la participación del número de homicidios de mujeres sobre el total aumentó del 6% en el 2008, al 9% en el 2009 y al 11% en el 2010. En cuanto a la violencia sexual de cuatro casos en el 2008, la cifra aumento a 106 en el 2010.
Importantes avances legislativos
Para el Defensor del Pueblo, Colombia ha logrado avances legislativos importantes que incluyen los compromisos internacionales del Estado para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres; el reto es trascender la formalidad y desarrollar políticas y programas concretos.
La Ley 1257 de 2008, es un instrumento estratégico que debe ser reglamentada e implementada a la mayor brevedad, como lo ordena la Ley 1450 de 2011, que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, según el cual esta reglamentación debe estar finalizada en diciembre del 2011.
De igual manera, la Ley 1448 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, incluye medidas específicas para la atención de las mujeres víctimas, con un fuerte énfasis en la obligación que tiene el Estado de garantizar la participación de las víctimas en todos las fases de implementación de la Ley. Esta disposición es particularmente importante para las mujeres víctimas.
Compromiso defensorial
El Defensor del Pueblo ratifica a las mujeres su compromiso con la defensa y protección de sus derechos, que se evidencia en los procesos internos de fortalecimiento institucional de la Defensoría para garantizar en todas sus dependencias, la atención adecuada con enfoque de derechos de las mujeres, niñas y jóvenes víctimas. Con este proceso, además de responder a las obligaciones legislativas que se definieron para la Defensoría, estamos avanzando en el reconocimiento institucional de esa realidad.
Finalmente, en el Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres, el Defensor del Pueblo quiere hacer un reconocimiento a las mujeres que a pesar de los riesgos y amenazas contra sus vidas, continúan liderando los procesos en favor de los derechos de las víctimas, y ratifica la necesidad de transformar los imaginarios sociales e institucionales para hacer de la violencia contra las mujeres, dentro y fuera del conflicto armado, un asunto de todos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia