El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le hizo llegar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un derecho de petición especial donde le solicita informar de manera clara y oportuna cómo funcionará el nuevo esquema para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en Bogotá que la administración distrital pondrá en marcha a partir del próximo 18 de diciembre.
Otálora Gómez ha reiterado que, de cara al derecho a la información que tienen los ciudadanos, es muy importante que todos los habitantes de la capital del país conozcan de manera amplia y precisa el esquema público para la recolección de residuos propuesto por la Alcaldía bajo la coordinación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá SA. ESP. y cuáles serán los cambios que se registrarán en la titularidad de los contratos.
En el mismo sentido, el Defensor del Pueblo le solicitó al alcalde Petro explicar de qué forma le dará cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y el Auto 275 de 2011, donde se le ordena Distrito incluir acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado.
El Defensor Otálora Gómez le hace esta solicitud al Alcalde Petro a tres semanas de que culminen los actuales contratos de prestación del servicio de recolección y transporte de residuos, toda vez que la ciudad no podría verse enfrentada a una emergencia por la inadecuada recolección de los desechos.
Ante el aumento de las quejas registradas en los últimos meses relacionadas con la acumulación de residuos sólidos en sitios públicos de algunas zonas de la ciudad, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades distritales para que, sobre la base de los principios de eficacia y celeridad que rigen la función administrativa, adopten las medidas necesarias orientadas a evitar focos de infección, presencia de vectores y malos olores, que pueden generar riesgos a la salubridad pública y a la seguridad de los habitantes de la capital.
En el marco de las competencias constitucionales y legales de prevención, protección y defensa de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo le recordó al Alcalde que cualquiera que sea el esquema definido para la recolección de residuos en la ciudad es fundamental garantizar los derechos al acceso a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna, al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública, a la salud y a tener una vida digna.
Relleno de Doña Juana
De otro lado, el Defensor del Pueblo le solicitó al Alcalde Mayor que aclare cuál es la vida útil de relleno sanitario Doña Juana y cuáles son las alternativas previstas para la disposición de los residuos sólidos producidos en Bogotá, ya que la capacidad del sitio de disposición final se acerca a su límite mucho antes de lo proyectado.
En 2010, la Defensoría del Pueblo, a través de la Resolución 61, les recomendó a las autoridades del Distrito y de Cundinamarca que plantearan fórmulas adecuadas para la disposición final de residuos sólidos a largo plazo, que involucraran sistemas de aprovechamiento y nueva tecnología para la disposición final de los residuos, con un enfoque regional y participativo.
De la misma forma, le solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que le informara a la ciudadanía las decisiones y actividades relacionadas con el cierre y clausura del relleno, con el propósito de garantizar el derecho a estar informado y a la participación, evitando así, que se generen falsas expectativas en la comunidad.
Por último, el Defensor Otálora Gómez le recordó al Alcalde Petro que, según lo estipulan los artículos 15 y 17 de la Ley 24 de 1992, tiene cinco días para dar respuesta al derecho de petición especial.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia