El Defensor del Pueblo, quien se sumó al luto nacional por los hechos de las últimas horas, instruyó a sus defensores regionales para que se preste apoyo sico-jurídico a las familias de las víctimas y pidió el concurso de Bienestar Familiar para que se revise la situación de los menores afectados por este lamentable incidente. Además solicitó a las entidades comprometidas con la regulación, actuar frente a la irresponsabilidad que ronda el transporte informal y «pirata» en algunas regiones del país.
Al expresar su profundo dolor por la muerte de 32 niños como consecuencia del incendio de un bus en Fundación, Magdalena, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que es lamentable que tengan que ocurrir hechos de esta naturaleza para que se piense en correctivos, y demandó de parte de las autoridades medidas oportunas y eficaces de prevención para evitar nuevos episodios de luto como el que hoy conmueve al país.
El funcionario llamó la atención de las autoridades encargadas de regular esta materia, para que se reúnan cuanto antes y revisen los controles, en aras de poner freno a la irresponsabilidad e improvisación que se presenta alrededor de ciertos recorridos, principalmente cuando se trata de contratos privados (en algunos casos verbales), sin ningún tipo de vigilancia para su elaboración y mucho menos ejecución.
Al señalar que los acontecimientos de las últimas horas deben significar, además de luto nacional por la pérdida irreparable de estos menores, un espacio de reflexión respecto a la responsabilidad de los adultos y del Estado, el Defensor del Pueblo dijo que situaciones como la desafiliación del bus hace 2 años de la empresa a la cual estuvo vinculado en alguna oportunidad, los siete comparendos que le figuran al conductor titular del automotor, el sobrecupo evidente al momento del siniestro que hoy lamenta el país entero, y el transporte irregular de pimpinas con gasolina de contrabando (cuya manipulación habría producido la conflagración), son una simple muestra del folclorismo con el que se manejan este tipo de situaciones sin que haya intervención de ninguna autoridad.
«Nada podrá devolverle la vida a estos niños, pero sí creemos que es posible evitar tragedias similares», manifestó Otálora Gómez, quien impartió instrucciones a sus defensores regionales en Magdalena y Atlántico para que brinden acompañamiento sico-jurídico a los familiares de las víctimas, a quienes envió un sentido mensaje de solidaridad y condolencia.
Finalmente, y además de solicitar acciones más contundentes contra el tráfico de combustibles en las fronteras del país y hacia el interior de algunos departamentos costeros, el Defensor del Pueblo pidió el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para evaluar la condición y situación de los niños afectados por esta tragedia, y garantizar también los derechos de los sobrevivientes.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia