Con ocasión del fin de la ‘tregua’ en las acciones militares de las Farc anunciada por el grupo guerrillero para el próximo 20 de enero, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le exigió a esa organización armada que deje por fuera del conflicto a la población civil y acate las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Según el seguimiento realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, durante el periodo de la ‘tregua’ comprendido entre el 20 de noviembre de 2012 y el 17 de enero de 2013, se cuenta con un registro de 57 acciones armadas ejecutadas por las Farc contra la población civil y la fuerza pública, como la instalación de artefactos explosivos y minas antipersonal, homicidios selectivos, combates con la fuerza pública con interposición de población civil, enfrentamientos armados con grupos armados ilegales postdesmovilización y hostigamientos contra instalaciones policiales.
Estos hechos se registraron en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Arauca, Boyacá, Vichada, Tolima, Cauca, Huila, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Caquetá. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo realizará un monitoreo permanente a las zonas identificadas en riesgo con el fin de advertir las posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que pueda generar el accionar violenta de las Farc una vez se levante la tregua el 20 de enero, con el fin de activar la respuesta del Estado en materia de prevención y protección.
Al respecto, Otálora Gómez le recomienda a la fuerza pública reforzar los dispositivos de seguridad en las áreas identificadas en riesgo de posibles acciones armadas y violentas de las Farc para garantizar la protección de la vida e integridad personal de la población civil, de los bienes civiles y de la infraestructura eléctrica, vial, petrolera y de comunicaciones, teniendo en cuenta el enfoque preventivo durante el desarrollo de las operaciones militares para evitar daños mayores en la población civil.
De la misma forma, le sugiere a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Ministerio del Interior preparar un plan de protección y atención urgente de la población civil que sea víctima de las acciones armadas de las Farc como de los eventuales desplazamientos forzados individuales y masivos que se puedan presentar.
Por último, le hace un llamado al Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que active las rutas de prevención y protección frente a los posibles casos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes que se puedan presentar y brindar la atención adecuada a los menores de edad desvinculados de las Farc.
Poblaciones con mayor riesgo
Durante todo el año 2012, el SAT de la Defensoría del Pueblo emitió 55 documentos de advertencia entre Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento, de los cuales en 23 Informes de Riesgo y 18 Notas de Seguimiento identificó la amenaza que representa la presencia de las Farc, para un total de 41 situaciones de riesgo (75% del total).
El total de Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento que identifican a las Farc como fuente de amenaza comprenden 88 municipios en 19 departamentos del país. Las zonas geográficas en la que es factible se produzcan acciones violentas de las Farc después del 20 de enero son: 1) Región nororiente del país: los departamentos de Arauca, Norte de Santander (provincia de Ocaña y Subregión del Catatumbo) y la región del Magdalena Medio. 2) Región Centro Oriente: los departamentos de Cundinamarca, Meta, Vichada, Vaupés, Casanare y Guaviare. 3) Región Suroccidente, los departamentos de Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila y Tolima. 4) Noroccidente y Norte del país, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Guajira, Córdoba y Bolívar.
El análisis realizado por la Defensoría del Pueblo muestra que la mayor intensidad del conflicto armado se podría focalizar en el Sur Suroccidente y Nororiente del país, particularmente en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Arauca y Norte de Santander.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia