La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades del Meta sobre el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades que se encuentran reubicadas en predios otorgados por el Incoder, como consecuencia de las acciones violentas de un grupo armado ilegal que presuntamente se autodenomina «Libertadores del Vichada’, de acuerdo con un informe de riesgo vigente emanado del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Entidad.
La presencia de grupos armados ilegales en algunos municipios del Meta (entre ellos Puerto López y Puerto Gaitán), se ha materializado en presiones y amenazas contra las comunidades de la zona rural y urbana, y de manera particular contra las trabajadoras sexuales, las personas fármaco dependientes, los líderes sociales, la población campesina y los desplazados.
En Puerto López fueron reubicadas, en predios objeto de extinción de dominio, cerca de 300 familias, algunas de ellas como víctimas del delito de desplazamiento forzado y otras en su calidad de campesinos sin tierra. Algunos de los predios fueron entregados por el Incoder a varios grupos de familias en común y proindiviso, es decir, un título de propiedad que beneficia a varias familias.
La Defensoría del Pueblo ha recibido información relacionada con la muerte violenta de 11 habitantes de la zona durante el mes de septiembre de 2012, en la modalidad de sicariato. La entidad recuerda que el pasado 12 de septiembre fueron asesinados Reinaldo Rodríguez Nieto y su esposa María Graciela Parra Morales, quienes habitaban en el predio Las Delicias, en jurisdicción de Puerto López.
La familia Nieto Parra había sido víctima del delito de desplazamiento forzado y, en tal condición, fue beneficiaria del programa de adjudicación de tierras por parte del Incoder. Como consecuencia de la muerte violenta de esta pareja se han desplazado, al menos, dos familias de ese mismo predio.
Igualmente, la Defensoría recibió información relacionada con seis eventos de desplazamiento forzado en Puerto López, entre el 6 y el 20 de septiembre, que afectaron a cinco familias, cuyos miembros venían ejerciendo labores de liderazgo social a través de la juntas de acción comunal y algunas de ellas eran beneficiaras de programas de reubicación en predios asignados por el Incoder.
Del mismo modo, se ha conocido que a raíz de los homicidios, amenazas y presiones armadas presuntamente adelantadas por el grupo ‘Libertadores del Vichada’, persiste el riesgo de desplazamiento masivo de un gran número de familias que fueron reubicadas en predios asignados por el Incoder.
En la actualidad 15 de los 29 municipios del Meta registran advertencia por parte del SAT: Villavicencio, El Castillo, Puerto Rico, Puerto Lleras, Vista Hermosa, Mesetas, Lejanías, Uribe, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto López, Puerto Gaitán, Granada, San Martín y algunas veredas de La Macarena. Esta zona es vulnerable por el riesgo de violaciones de derechos humanos que se cierne sobre la población civil que habita las zonas rurales y las cabeceras municipales, particularmente en aquellas comunidades que participan en procesos de reubicación.
Adicionalmente, las comunidades en procesos de reubicación de los predios ‘Las Delicias’, ‘El Rodeo’, ‘Las Leonas’ y ‘Caballeros’ (en Puerto López), le han manifestado a la Defensoría del Pueblo que también enfrentan presiones y/o solicitudes de compra de parcelas por parte de personas y de empresas interesadas en la implementación de proyectos agroindustriales y minero energéticos.
Ante el inminente riesgo de desplazamiento, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, insta a las autoridades competentes para que implementen medidas humanitarias y colectivas de protección, para salvaguardar los derechos de las familias en situación de desplazamiento reubicadas en distintos predios de Puerto Gaitán y Puerto López.
En este sentido, el Defensor del Pueblo exhorta a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a impulsar la construcción participativa de planes de reubicación en cada uno de los predios afectados, a fin de lograr el pleno restablecimiento de los derechos de la población campesina y desplazada.
De la misma forma, insta al Incoder a que adopte los correctivos necesarios en relación con las quejas de la población beneficiaria de los programas gubernamentales de asignaciones de tierras, quienes han denunciado presuntas irregularidades de los funcionarios de dicha entidad en el Meta.
Finalmente, el Defensor del Pueblo le solicita al Programa Presidencial para los Derechos Humanos que, en su calidad de Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Derechos Humanos, creado por el Decreto 4100 de 2011, coordine con todas las entidades del nivel nacional las acciones necesarias para atender esta situación con prontitud.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia