Como vergonzosa calificó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, la situación de los niños que sufren de cáncer en el país, al constatar que las barreras de acceso que este tipo de pacientes recibe en el sistema de salud disminuyen las posibilidades de contar con un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo.
Un sondeo preliminar del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), liderado por la Defensoría del Pueblo y realizado a 94 niños que para 2011 habían sido diagnosticados con cáncer, encontró que un año después por lo menos el 50% de los menores enfermos había fallecido.
A juicio de Otálora Gómez esto muestra un gran contraste con lo que ocurre en los países desarrollados donde luego de cinco años del diagnóstico de la enfermedad el niño se mantiene vivo, gracias a que el diagnóstico y el tratamiento se ofrecen a tiempo. Incluso algunos países centroamericanos como Honduras y El Salvador muestran mejores cifras que Colombia.
De la misma forma, el último estudio sobre tutelas realizado por la Defensoría del Pueblo a mediados del año pasado encontró que de la totalidad de tutelas que se interponen en materia de procedimientos médicos los oncológicos son la mayoría (17% del total) y crecieron cerca de 160% en relación con lo ocurrido en 2010. Lo mismo ocurre para solicitar exámenes diagnósticos, donde la mayor parte de las tutelas (13% del total) se concentran en temas oncológicos (80% más que un año atrás).
A juicio de Otálora Gómez, estas cifras resultan aún más preocupantes toda vez que los datos del Instituto Nacional de Cancerología advierten que el 60% de las muertes por cáncer ocurren en países en desarrollo, como Colombia, y se estima que para 2020 la mortalidad llegará al 75% de pacientes que la padecen. Lo cual empeora cuando se trata de población en situación de pobreza o cuando pertenecen al régimen subsidiado.
Ante este panorama, el Defensor del Pueblo les hizo un llamado a las autoridades del sector para que se tomen las medidas necesarias para evitar que los diagnósticos tardíos, la falta de continuidad en los tratamientos y las dificultades para la autorización de tratamientos no sigan cobrando la vida de más niños.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia