Un urgente llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que frenen la ola de homicidios, extorsiones y la explotación sexual que se presenta en seis municipios del Quindío como consecuencia del accionar de los grupos armados post desmovilización de las AUC ‘los Rastrojos’ y ‘la Cordillera’ que operan articulados con bandas delincuenciales locales, hizo el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez.
Las víctimas de estos grupos armados y delincuenciales son en su mayoría niños y niñas, adolescentes, líderes sociales y comunitarios, miembros de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, líderes de procesos de restitución de tierras, docentes y servidores públicos, indica un reciente informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT).
El reporte del SAT hace un seguimiento a la situación del departamento y advierte del posible incremento de homicidios selectivos o múltiples, amenazas, extorsiones, secuestros, afectación de bienes civiles, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de jóvenes y adolescentes, restricciones a la movilidad, esclavitud y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes derivado de una posible disputa territorial entre miembros de ‘los Rastrojos’ con otras estructuras armadas ilegales y delincuenciales.
Estos actos de violencia, asegura Otálora Gómez, afectan a la población civil que se ha visto expuesta a violaciones a los derechos humanos y a graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según cifras del Instituto de Medicina Legal, en lo corrido del año se han presentado 208 asesinatos, de ese total, el 5% de las víctimas fueron menores de edad y el 25 por ciento corresponde a mujeres. Quindío, además, presenta una tasa de homicidios del 40,2 por cada 100.000 habitantes, 9 puntos más que el promedio nacional.
La mayoría de estas muertes han ocurrido en los municipios de Calarcá, Armenia, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, poblaciones próximas a Cartago y Tuluá, dos ciudades del Valle del Cauca en la que estos grupos ilegales tienen su base principal. Las disputas están ligadas al control del microtráfico en la región del Eje Cafetero y en el suroccidente del país.
El informe del SAT revelado por el Defensor del Pueblo incluye tres casos de homicidio, ocurridos entre los meses de abril y septiembre de este año en el que las víctimas presentaron signos de tortura, métodos que buscan generar el terror entre la población. Uno es el de un taxista en Armenia que fue descuartizado y sus partes aparecieron en diferentes puntos de la ciudad. En Filandia también se encontró el cuerpo desmembrado de una joven de 22 años y de un hombre atado de pies y manos.
Las víctimas, al igual que muchos otros jóvenes, eran utilizadas para el transporte, distribución, venta y consumo de drogas, el sicariato y la prostitución. También se ha visto un preocupante incremento de intimidaciones a la población ligados a préstamos con altos intereses de usura (conocidos como gota a gota) y regulaciones ilegales a la comercialización de productos agrícolas como el cilantro, la panela y la cebolla.
El Defensor del Pueblo también expresó su preocupación por las amenazas e intimidaciones de los grupos armados ilegales hacia líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, docentes, funcionarios del Estado, organizaciones de víctimas, de comunidades étnicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones deportivas y culturales y acompaña las reclamaciones que hacen estas personas a las autoridades civiles y militares para su protección.
Citó casos como el de una lideresa de población afrodescendiente y su familia que fueron amenazados de muerte, luego del homicidio de uno de sus hijos perpetrado por un sicario. Una situación similar denunció un miembro de la organización «Afro-futuro», quien acudió a la Defensoría del Pueblo – Regional Quindío en busca de apoyo después de conocer que su nombre estaba en una lista de 10 personas que van a ser asesinadas en el barrio Ciudad Alegría de Montenegro.
Ante este panorama, el Defensor del Pueblo pide al Ministro del Interior que convoque a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas para que se emita una declaratoria de Alerta Temprana para los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, en el departamento del Quindío, con el fin de que se coordine la respuesta estatal en materia de prevención y protección de los derechos humanos.
También solicitó a la Policía Nacional reforzar los operativos para individualizar y judicializar a los miembros de los grupos armados ilegales y a los responsables de las «ollas» de vicios y centros de expendio de sustancias psicoactivas; y a la Unidad Nacional de Protección para que dé celeridad a los procesos de estudio de seguridad a la población en situación en riesgo y que garanticen sus derechos a la vida, integridad y libertades personales.
El llamado del Defensor se extendió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que fortalezca el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, incluyendo defensores de familia y equipos psicosociales y ampliar los cupos del servicio de reclusión transitoria ubicado en el Centro de Servicios y del Centro de Atención Especializado «La Primavera» de Montenegro.
Por último, les exige a las autoridades municipales cumplir su obligación legal de crear y poner en funcionamiento las comisarías de familia, con su correspondiente equipo interdisciplinario, las cuales tienen entre sus funciones principales, proteger a los niños y niñas contra cualquier forma de abuso, explotación y violencia, como acción de prevención respecto al reclutamiento ilícito.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia