El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, condenó el atentado contra Mayerli Angarita, líder de tierras de San Juan Nepomuceno, en la subregión de los Montes María y a quien un hombre desconocido disparó varias veces, resultando ilesa, cuando se encontraba visitando en la noche de ayer a su padre en ese municipio, localizado en el departamento de Bolívar.
El Defensor del Pueblo indicó que la líder contaba con la protección de un escolta por parte de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior por las reiteradas amenazas contra su vida e integridad personal.
Igualmente, Pérez Ortiz pidió a las autoridades competentes capturar y judicializar a los responsables del atentado y redoblar las medidas de protección de los líderes de restitución de tierras amenazados que reclaman la entrega de predios despojados por grupos al margen de la ley.
«Las autoridades competentes deben enfrentar de manera eficaz las amenazas contra campesinos que reclaman sus tierras arrebatadas, como los actos de violencia tendientes a escamotear el proceso de reparación de las víctimas de la violencia», señaló.
Informe de riesgos SAT
La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) informó a las autoridades competentes la situación de riesgo de violación de los derechos fundamentales de los líderes sociales y comunitarios, los representantes de organizaciones de víctimas y líderes de procesos de restitución de tierras, de los municipios de Carmen de Bolívar, María La Baja y San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar.
En el Informe de Riesgo 007 del 15 de mayo de 2012, que fue declarado Alerta Temprana por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) que coordina el Ministerio del Interior, se describía que las recientes manifestaciones de violencia, asociadas con la reconfiguración de nuevas estructuras armadas ilegales, la pretensión de la guerrilla de reagruparse en el territorio y el conflicto por la tierra en la subregión de los Montes de María, en el departamento de Bolívar, determinaba la posibilidad de ocurrencia de amenazas de muerte, intimidaciones, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados de campesinos y líderes reclamantes de tierras, entre otros.
Los grupos armados ilegales buscan atacar y obstaculizar, mediante el empleo de la violencia selectiva y los métodos para generar terror, los procesos organizativos campesinos que se han constituido para denunciar la compra masiva de tierras, reclamar la reparación integral y la restitución de tierras despojadas y oponerse al modelo de desarrollo económico en la región. En este sentido, las acciones de coacción y amenazas que vienen realizando presuntos integrantes de grupos que se autodenominan los Paisas, Rastrojos, Águilas Negras o grupos ilegales que no se identifican, permiten prever atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal de la población civil, particularmente, la vinculada con labores de liderazgo social y comunitario en defensa del derecho a la tierra
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia