La situación de Derechos Humanos en Colombia tiene un alto grado de complejidad debido, en gran medida, a la persistencia por más de cinco décadas de un conflicto armado interno.
Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado un gran avance en cuanto a la implementación de una política de Estado coherente con dicha realidad, la cual ha concentrado esfuerzos para enfrentar y perseguir a las denominadas Bacrim o grupos armados ilegales conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas.
Hemos observado que dichos grupos armados son los mayores generadores de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las diferentes regiones del país. Violaciones que van desde los homicidios selectivos hasta el reclutamiento de menores, las extorsiones, las desapariciones forzadas.
El Estado colombiano ha reaccionado a través de la fuerza pública y los organismos judiciales, con capturas permanentes de los líderes de estas estructuras armadas.
Esperamos que el Estado siga debilitando las bases de estos grupos ilegales.
De otro parte, encontramos escenarios donde se siguen registrando violaciones sistemáticas a los DDHH, como ocurre en el sistema penitenciario y carcelario.
El fenómeno es tal, que las cárceles cuentan con una capacidad para 76.000 internos y actualmente la población carcelaria asciende a 119.000, lo que significa un hacinamiento del 56%.
A esto se suman las falencias en procesos de resocialización y las dificultades en materia de salud y servicios públicos en dichos centros.
Esta es un problemática que permanentemente hemos venido denunciando y visibilizando a nivel nacional.
Así, la Defensoría del Pueblo le ha sugerido al Gobierno colombiano acudir a la declaratoria de la emergencia social, a través de la cual podría tomar medidas de choque para adelantar reformas en el sistema penal, para mejorar la infraestructura carcelaria y, por supuesto, para lograr un efectivo respeto a los derechos humanos de la población reclusa.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia