El pasado lunes, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, alertó en un comunicado sobre el incremento de las masacres en todo el país. La entidad contabilizó ocho casos de homicidios colectivos perpetrados en el lapso de solo una semana.Desde Tumaco y Barbacoas, en Nariño, hasta Barranquilla, pasando por Saravena (Arauca), Cúcuta, en la frontera, y Sahagún, Lorica y Montelíbano, en Córdoba, grupos criminales han protagonizado los sangrientos eventos. Los escenarios han sido en su mayoría corregimientos de zonas rurales apartadas; en el caso de la capital del Atlántico, la balacera se dio en medio de una fiesta barrial.
Las ocho masacres, en las que fueron asesinados varios menores de edad e indígenas, han cobrado la vida de al menos 36 personas. Las autoridades apuntan a los mismos sospechosos: bandas de narcotraficantes en ajustes de cuentas.
El incremento de los crímenes masivos no se limita al mes de noviembre. En julio pasado, el número total de víctimas de masacres ascendió a 33, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa Nacional. Esas mismas estadísticas muestran un aumento de los homicidios colectivos del 28 por ciento: mientras entre enero y octubre del 2009 se registraron 24 casos, con 119 muertos, en el mismo período del 2010 la cuenta iba en 32 casos, con un saldo trágico de 153 personas.
La tendencia al alza es evidente y debe ser atendida por el Gobierno con la mayor urgencia. La reducción de la cantidad, frecuencia e intensidad de estos execrables episodios ha sido un logro innegable de la actual política de seguridad. Hace diez años, más de 1.400 colombianos fueron asesinados en 236 masacres; el año pasado, esos guarismos habían descendido a 147 y 29, respectivamente.
Los impactos de esta disminución se vienen sintiendo en distintos frentes. A los homicidios colectivos les suelen seguir dramáticos procesos de desplazamiento de campesinos y también de residentes urbanos, lo que refuerza el control territorial de los actores armados ilegales. Estos crímenes generan, asimismo, intensos ciclos de violencia entre los distintos grupos y acomodamientos acompañados de ascensos vertiginosos de la actividad criminal. Todo esto sumado al terror de las víctimas, el abandono de tierras y los duros golpes a las economías de los hogares más vulnerables. Zonas como Córdoba, Nariño y Arauca requieren especial atención gubernamental y el despliegue de medidas inmediatas. En sintonía con esta realidad, el martes pasado, el ministro de Defensa Nacional, Rodrigo Rivera, encabezó un consejo de seguridad para evaluar el reciente incremento del 11 por ciento en la tasa de homicidios en la región cordobesa.
Si bien el balance global de la criminalidad en estos primeros cien días de la administración Santos es de una caída de los delitos del 14 por ciento, las dinámicas locales en las áreas de influencia de las bandas criminales y de las Farc cuentan una historia diferente.
El vacío producido por la desmovilización paramilitar lo llenan hoy las narcoactividades de sus descendientes y la reactivación de los golpes guerrilleros.
Tanto desde el punto de vista humanitario como desde el militar, regresar a los tiempos de cientos de masacres al año es inaceptable. A la estrategia armada hay que sumarle las investigaciones judiciales que identifiquen y castiguen a los culpables, así como la adopción de medidas de protección de los civiles. En medio de las recientes reconstrucciones de memoria histórica de los casos de La Rochela, Bojayá y Bahía Portete, el Estado no se puede quedar impotente mientras se reeditan horrores similares.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.