COLOMBIA: Desplazamiento forzado de familias de campesinos en Tierralta en Dpto. de Córdoba

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, denunció el desplazamiento forzado de alrededor de 72 familias el pasado 17 de enero de 2011 hacia la zona urbana de Tierralta provenientes de las veredas Nuevos Aires, Junín y Tres Puertas en el Departamento de Córdoba, ubicadas en cercanías de la vía que conduce al corregimiento de Santa Marta de esta misma jurisdicción como consecuencia de la intensificación de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales post-desmovilización de las AUC, autodenominadas Águilas Negras y Paisas, que operan en esa región del país.

Ante el desplazamiento de 72 familias que habitaban las veredas mencionadas, la Defensoría del Pueblo gestionó ante las autoridades competentes de la región la atención humanitaria de emergencia para las mismas, el suministro de alimentos y la dotación de albergues para la población desplazada que está arribando al parque principal del municipio de Tierralta.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, indicó que, según versiones de la comunidad que habita las veredas referidas, los enfrentamientos entre las estructuras armadas conocidas como Los Paisas y Águilas Negras se han presentado desde la tarde del pasado 17 de enero de 2011; así mismo, integrantes de los grupos enfrentados que huyeron del lugar obligaron a la población a abandonar las veredas bajo amenazas, y de reclutamiento de adolescentes.

 

Según información recibida por la Defensoría del Pueblo no ha sido posible levantar un censo completo de la totalidad de las familias desplazadas, dado que algunas buscaron albergues con familiares y amigos, y otras no han podido abandonar las veredas por la intensidad de los enfrentamientos entre las estructuras armadas ilegales mencionadas.

“Este nuevo desplazamiento en Córdoba es el primero del 2011 que ha registrado la Defensoría del Pueblo y lo estimamos preocupante por el número de personas que han resultado desplazadas por los enfrentamientos entre los grupos armados que se disputan el corredor estratégico que comunica a Tierralta con Planeta Rica, Montelibano y Tierradentro por el control del tráfico de estupefacientes en esta zona del Departamento de Córdoba”, señaló el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz.

Para agilizar las medidas de protección humanitaria que deben recibir las familias desplazadas de las veredas Nuevos Aires, Junín y Tres Puertas, la Defensoría del Pueblo instó a la Alcaldía de Tierralta, la Gobernación del Departamento de Córdoba y Acción social para que se convoque de manera inmediata el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada de Tierralta y evaluar la situación de desplazamiento de las comunidades expuestas a las acciones violentas por la presencia de las estructuras armadas ilegales postdesmovilización en esa zona del país.

La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, emitió el 29 de julio de 2010 la Nota de Seguimiento número 018 al informe de riesgo 022 del 28 de septiembre de 2009, para el municipio de Tierralta, donde advierte a las autoridades competentes sobre las situaciones de riesgo de las comunidades del área urbana y rural de esta localidad como consecuencia de la acciones de la guerrilla de las Farc y demás grupos armados ilegales para los pobladores de los corregimientos de Águila Batata, Crucito, Zaiza, Palmira, San Felipe de Cadillo, El Caramelo, Santa Marta, Nueva Granada, Santa Fe Ralito, Bonito Viento, Mantagordal y Severinera y que se materializan en amenazas, homicidios, masacres, desapariciones, reclutamientos, extorsiones y desplazamientos forzados.

De igual manera, el Defensor del Pueblo, solicitó a la Agencia Presidencial para la Acción Social, diseñar y aplicar un plan de atención humanitaria de emergencia con enfoque diferencial y adecuado a las condiciones socioculturales, con el fin de asistir a las víctimas del desplazamiento forzado y diseñar conjuntamente con las entidades pertinentes, un plan de prevención y de contingencia ante un posible incremento del desplazamiento forzado en esa región, no obstante los esfuerzos que se han venido adelantando.

FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.