El documento establece una ruta de actuación para asesorar a los colombianos que acuden a las Instituciones del Estado con el fin de pedir acompañamiento en esta materia. Un paso importante para orientar a los ciudadanos que constantemente plantean inquietudes y quejas relacionadas con los procedimientos de incorporación militar y policial, dio el Estado a través de la firma de un protocolo de orientación suscrito entre la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional
El documento, oficializado en un acto especial con la presencia del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, el Defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, el Comandante del Ejército, General Jaime Alfonso Lasprilla, el Jefe de Reclutamiento de esa Institución y altos mandos de la Policía Nacional, establece los siguientes parámetros de actuación:
1. Explicar la clasificación de las situaciones en las que se pueden encontrar los ciudadanos durante el proceso de definición de su situación militar.
2. Establecer canales de comunicación directa entre las autoridades de reclutamiento y la Defensoría del Pueblo para gestionar adecuada y oportunamente los casos, solicitudes, peticiones y quejas que sean presentadas por la ciudadanía ante la entidad.
3. Establecer una ruta para la desincorporación, desacuartelamiento o retiro de los jóvenes que ya se encuentran en alguna de las fuerzas y deban ser retirados por estar inmersos en una causal de exención, aplazamiento o ser objetores de conciencia.
4. Incluir un directorio de enlaces directos, que en lo sucesivo existirán entre las Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para el trámite de los casos de incorporación al servicio militar obligatorio.
La Defensoría del Pueblo y el Comando del Ejército Nacional también firmaron una Directiva Transitoria, a través de la cual las Fuerzas Militares se comprometen a garantizar el acompañamiento de los entes de control, incluida la Defensoría, en los procesos de incorporación a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos, así como a brindar información sobre las causales de exención, a gestionar oportunamente las solicitudes de objeción de conciencia, a evitar la retención de jóvenes no inscritos en el sistema y a realizar un registro fílmico de los procedimientos de reclutamiento para verificar la transparencia de los mismos.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de Colombia