Según el Defensor Negret, dos hechos fundamentan la intervención:
1º. Existe desconocimiento y vulneración de la sentencia frente al derecho a la información que les asiste a los usuarios del sistema de salud, puesto que MEDIMÁS EPS no ha sido transparente en definir de manera eficiente y real su red de prestadores del servicio de salud. Por lo tanto, ha inducido en confusión a sus pacientes en la medida en que la información suministrada en muchas ocasiones es incompleta pudiendo resultar contraria al ordenamiento jurídico aplicable.
2º. Existe una violación flagrante a lo ordenado por la Corte Constitucional en cuanto a la garantía de la cobertura universal del servicio de salud, puesto que MEDIMÁS EPS no cuenta con la capacidad para atender los 4.920.360 usuarios que le han sido asignados, hecho corroborado en terreno por la Defensoría del Pueblo y, adicionalmente, sustentado en que la capacidad autorizada para su funcionamiento es de apenas 3.407.389 usuarios. En otras palabras, si bien en el papel puede afirmarse que los usuarios de MEDIMÁS tienen una EPS, lo cierto es que existe un déficit de cobertura que debe ser resuelto de manera urgente y prioritaria por el máximo tribunal constitucional como quiera que no ha sido posible solucionarlo en otra instancia.
En virtud de lo anterior, el Defensor del Pueblo solicitará expresamente a la Corte Constitucional que ordene la reasignación de usuarios de MEDIMÁS EPS para que sean afiliados en otras EPS, toda vez que esta entidad no cuenta con la capacidad de prestar los servicios a todo el universo de sus afiliados.
“Al día de hoy, no existen condiciones para que los usuarios de MEDIMÁS EPS puedan recibir un servicio de salud adecuado a los estándares del derecho previsto en la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos”, concluyó Negret Mosquera.