El Defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que la suspensión y cancelación de diligencias judiciales viola los derechos de las víctimas y de los procesados.
Al revelar que durante 2014 más del 30 por ciento de las audiencias programadas en el sistema penal acusatorio no se llevaron a cabo, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, urgió la puesta en funcionamiento de una programación sistematizada para organizar el trabajo de jueces, fiscales y defensores, a fin de evitar cruces en las citaciones y el consecuente traumatismo que ello genera para los usuarios y operadores de la rama judicial.
El funcionario reveló que de 373.711 audiencias programadas para esa vigencia, 118.597 no fueron realizadas por distintas situaciones atribuidas a los fiscales, a los jueces, a los defensores y al Inpec, entre otros.
“Es lamentable que en pleno siglo XXI y con los adelantos tecnológicos que existen, no hayamos podido implementar una herramienta sencilla para armonizar al sistema acusatorio y a sus diferentes actores”, manifestó Otálora Gómez.
El Defensor recalcó que la suspensión y cancelación de audiencias constituye, no solo una violación a los derechos de quienes están vinculados a los procesos y a los derechos de las víctimas que esperan una respuesta del Estado, sino también un desperdicio presupuestal para el erario público.
Durante su participación en el lanzamiento del libro “Defensa Penal Efectiva en América Latina”, el Defensor del Pueblo hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, para que a través de su Sala Administrativa facilite los instrumentos necesarios a fin de articular el sistema y evitar el desgaste que implica la no realización de las audiencias.
Cabe señalar que para el primer trimestre de 2015, fueron programadas 106.349 diligencias de esta naturaleza, 30.063 de las cuales (es decir más del 28 por ciento) no se llevaron a cabo
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia