La región de Bahía Málaga, jurisdicción del municipio de Buenaventura, en donde existía la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas, ha sido seleccionada como área de conservación al ser declarada a través de la Resolución 1501 del 4 de agosto de 2010, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como Parque Nacional Natural, entre otras cosas, porque su medio marino se caracteriza por la existencia de un número apreciable de biotopos diferentes, localizados en forma dispersa en toda la bahía, constituyéndose, en un lugar de condiciones naturales excepcionales al reunir muchos de los hábitats y condiciones de vida marina de toda la costa Pacífica colombiana.
Además de lo anterior, más de 1.000 ballenas yubartas llegan a este sitio, año tras año, después de navegar más de 8.000 kilómetros desde la Antártida para concebir a sus ballenatos. Al respecto, científicos y ambientalistas temían por los efectos del puerto sobre la fauna y la flora. En la actualidad, el 20% de las muertes registradas de ballenas en Colombia se debe a accidentes por colisión con embarcaciones. Un aumento en el tráfico marítimo, sumado al ruido y la contaminación de las aguas, hubiesen afectado, entre otros, las poblaciones de ballenas.
Entre los seguimientos realizados por la Defensoría del Pueblo a los impactos sobre los derechos individuales y colectivos de proyectos de infraestructura y extracción de recursos naturales , como en el caso de los puertos marítimos del Pacífico colombiano, se había recordado la necesidad de tomar en cuenta todas las prevenciones desde el punto de vista ambiental y social, garantizando la función social y ecológica de la propiedad, en caso de que se llevaren a cabo proyectos de este tipo en la región.
Por lo anterior, el Defensor del Pueblo destaca la gestión del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales en el logro de la declaratoria como Parque Nacional Natural porque con ello se privilegia la conservación de esta importante zona natural, la salvaguarda de los derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio natural, a la protección y conservación de zonas de importancia ecológica e, incluso, a la protección del patrimonio cultural de los comunidades afro-colombianas de la región.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia.