Hace algunas semanas la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le solicitó a la Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, María Cristina Hurtado, asesoría sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, y la invitó a contribuir en la creación de una Delegada estatal para la Infancia y la Adolescencia en el país austral.
Las peticiones se dieron durante una visita realizada por la Delegada a Santiago de Chile, donde expuso la metodología utilizada por la Defensoría del Pueblo en la prevención de las violaciones a los derechos fundamentales de los menores de edad privados de la libertad, y las recomendaciones a tener en cuenta para enfrentar las dificultades que tiene el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia.
Y es que cumpliendo su función de vigilancia y verificación de los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad, los funcionarios de la Delegada para la Infancia han venido haciendo visitas de inspección a centros transitorios en la mayoría de las principales ciudades del país. Los hallazgos han dejado en evidencia la violación sistemática de los derechos fundamentales de los menores de edad.
Sanciones de aislamiento y castigo en un espacio denominado “zona terapéutica”, no contar con manuales de convivencia, déficit en atención en salud por falta de protocolos, procesos educativos que no responden al mínimo requerido para una adecuada formación académica, educadores dando trato desafiante y e inadecuado, desconocimiento de derechos preferentes y de condiciones de especial vulnerabilidad, participación casi inexistente de los entes territoriales en la implementación de los programas y la destinación de recursos que permitan alternativas de rehabilitación, hacen parte del crudo panorama.
Dado que el Código de Infancia y Adolescencia establece en su artículo 139 que “el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente es un conjunto de normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 18 años al momento de cometer un hecho punible”, la Delegada, luego de los hallazgos encontrados en los centros de reclusión preventiva convocó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a establecer mecanismos que garanticen la protección de los derechos de los jóvenes privados de la libertad.
Teniendo presente las anomalías encontradas, sumadas a las recomendaciones (como, por ejemplo, las sugeridas para que el Estado ponga en marcha políticas públicas encaminadas a la protección de los derechos de los menores dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), se estima que la metodología utilizada por la Defensoría del Pueblo de Colombia será replicada por otras ocho defensorías del pueblo de países de Iberoamérica.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia