Declaraciones Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de GéneroEl Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, en su firme compromiso con la defensa y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, hace un llamado para que se elimine cualquier tipo de barrera de acceso a los métodos anticonceptivos en el país, con el fin de que el conjunto de la población pueda ejercer, de manera libre, su derecho a la autonomía reproductiva.
En este sentido, reconoce el avance que representa la expedición de la Circular No. 04 de 2018 del Ministerio de Salud, mediante la cual se establecen topes a los precios de ciertos medicamentos, entre los que se encuentran algunos métodos anticonceptivos, disminuyendo con esto su precio comercial.
Sin embargo, manifiesta su preocupación por las barreras que pueden generar otros intereses y actores, en la regulación e implementación de políticas, planes y programas en la materia. Estas situaciones representan un riesgo para el efectivo acceso a tecnologías de planificación familiar de calidad, en particular para aquellas personas con menos capacidad adquisitiva.
Por lo anterior, alienta a todas las instituciones involucradas en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, a que realicen esfuerzos conjuntos que apunten a eliminar cualquier tipo de obstáculo para su ejercicio, en correspondencia con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano al respecto, así como las contenidas en la Constitución Política y en la ley.
Recuerda también que las empresas y el sector privado tienen una responsabilidad social y que, en este marco, deben respetar los derechos humanos, en este caso de las parejas y en especial de las mujeres.
El compromiso por ejecutar acciones concretas que permitan a las parejas decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos o hijas que desean tener, disponer de información, educación y los medios necesarios para alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, tiene un impacto indiscutible en el desarrollo del país.
De allí que la Defensoría del Pueblo se comprometa a realizar un seguimiento minucioso a la regulación de estos asuntos y a emprender las acciones que correspondan frente a cualquier acto que represente una amenaza en su contra.