El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, rechaza de manera enérgica las amenazas de muerte proferidas por un presunto grupo armado ilegal contra organizaciones defensoras de derechos humanos, partidos políticos, miembros del Congreso de la República, periodistas, docentes y contra algunos servidores – sin mencionarlos – de las Defensorías Regionales del Chocó, Cauca, Nariño y Huila.
Estas amenazas se conocieron por medio de un panfleto que hizo circular el pasado 4 de junio una supuesta organización que se hace llamar “Autodefensas Unidas de Colombia – Bloque Central –“ y que declara “objetivo militar” a las personas y organizaciones mencionadas.
Las amenazas han sido proferidas contra representantes de organizaciones sociales, tales como: CODHES, CRIC, ACIN, ASFADES, CIMA, ASOINCA, ONIC, CORPORACIÓN NUEVO ARCOS IRIS, SURCA, INDEPAZ, CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD y ASOPRO; contra algunos dirigentes políticos de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, y contra los periodistas Rosa María Agudelo (Cali), Fredi Calvache, Gustavo Valencia, Ricardo Motta (Cauca), Luz Adriana Morales (Buenaventura), Rodolfo Pantoja (Nariño), Hugo Abdón Zambrano y Hernán Estupiñán (Putumayo).
Una vez conocidas estas amenazas, el Defensor del Pueblo dirigió sendas comunicaciones al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Dirección General de la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación y al Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, para que se evalúen las amenazas y, de acuerdo con ello, se implementen medidas urgentes de protección para los representantes de las organizaciones de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos y servidores de la Defensoría del Pueblo, víctimas de las amenazas.
Al expresar su preocupación por estas nuevas amenazas contra la vida y la integridad personal por parte de un presunto grupo armado al margen de la ley, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, solicitó fortalecer las medidas de protección a los periodistas, dirigentes políticos, líderes y miembros de las organizaciones sociales y de derechos humanos relacionados en el panfleto amenazante con el fin de que se garanticen las condiciones de seguridad en el desarrollo de sus actividades. El Defensor del Pueblo espera de las autoridades competentes, como el Ministerio del Interior y de Justicia y los organismos de seguridad del Estado, que adopten medidas eficaces desde el punto de vista preventivo que permitan garantizar los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad de las personas que relaciona el panfleto a que se hace referencia.
Igualmente, requiere de los cuerpos de investigación del Estado adelantar a la mayor brevedad posible la investigación correspondiente con el fin de establecer el origen de las amenazas que contiene el panfleto amenazante, lo mismo que su autenticidad e individualizar a sus responsables.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.