Pérez Ortiz aclaró que, como miembro del Consejo Nacional de Política Criminal, llevará próximamente esa propuesta a consideración y decisión de ese organismo.
La propuesta del Defensor del Pueblo surge a raíz de la gravedad que representa el vencimiento de términos que dejó en libertad a 17 miembros de la Fuerza Pública procesados por su presunta participación en hechos relacionados con casos de ejecuciones extrajudiciales (homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir) que se presentaron en Ocaña (Norte de Santander), y en el que murieron 11 jóvenes de la localidad de Soacha (Cundinamarca).
“Uno no entiende cómo sobre un caso en el que está puesta la atención de la opinión nacional y de la comunidad internacional y que ha suscitado tanto interés, los procesados por estos hechos puedan quedar en libertad por vencimiento de los términos judiciales. Ello no debería suceder en ningún caso, pero es mucho más grave cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Vólmar Pérez.
El Defensor del Pueblo enfatizó en que los funcionarios judiciales deben actuar oportunamente y de conformidad con las pruebas recaudadas y señaló que en este caso faltó mayor celeridad en el trámite para dirimir la colisión de competencia entre el Juez Penal del Circuito de Ocaña y el del municipio de Soacha, e igualmente definir si la competencia la tenía la justicia penal militar o la justicia ordinaria.
Para el Defensor del Pueblo el hecho de que los 17 miembros de la Fuerza Pública recobren la libertad por la vía del vencimiento de términos judiciales “envía un mensaje equívoco y desalentador a la sociedad colombiana y a los familiares de las víctimas”, y confió en que los recursos interpuestos dentro del proceso penal se resuelvan con prontitud y se avance de manera efectiva en el mismo.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Colombia