El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, destacó la marcha contra la violencia sexual en el país que congregó hoy en el Parque Nacional en Bogotá a cientos de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales que expresaron su repudio sobre la muerte violenta de Rosa Elvira Cely, ocurrida el pasado 29 de mayo.
Igualmente, el Defensor del Pueblo señaló que se deben implementar medidas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres en el país, así como programas especiales para las víctimas de la violencia sexual.
Pérez Ortiz también consideró que la subvaloración de la violencia contra las mujeres, el subregistro, su invisibilización y la falta de denuncia por parte de las víctimas de este fenómeno delictivo, han sido barreras en la implementación de políticas y programas efectivos para combatir este delito en Colombia.
«La persistencia de la violencia sexual refleja la subvaloración de esta grave violación de los derechos humanos en el país. Por ello, es necesario implementar de forma adecuada los avances legislativos con medidas eficaces, y, en especial, garantizar el adelanto de investigaciones de oficio. Asimismo, y particularmente para este tipo de violencia, se debe entender el acceso a la justicia como un mecanismo, no sólo de sanción, sino también de restitución de derechos para las víctimas», expresó el Defensor del Pueblo.
Cifras preocupantes
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), durante el año 2011 se practicaron en Colombia 17.000 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra mujeres.
Además, según el Boletín Estadístico de 2011, sobre muertes violentas en Bogotá, divulgado por el Centro de Referencia Regional sobre Violencia (CRRV) del INMLCF, durante el año 2011, 138 mujeres fueron víctimas de homicidio. Sin embargo, se observa que el INML no contiene ninguna variable que permita identificar si se presentaron hechos de violencia sexual como antecedentes y/o causantes de la muerte violentas.
Persiste la impunidad
El Defensor del Pueblo considera que a pesar de que Colombia cuenta con instrumentos legales como la Ley 1257 de 2008, que adopta medidas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que establece obligaciones a las autoridades nacionales y locales para diseñar e implementar políticas de prevención, atención y sanción de la violencia sexual, debemos decir que no se ha avanzado lo suficiente en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres porque persiste la impunidad, que ha sido considerada como causa y efecto de la misma.
La Defensoría del Pueblo, a partir de lo ordenado en el Código de Infancia, la Ley 1257 y la Ley 1448, ha asesorado y acompañado a víctimas de la violencia sexual, lo cual le ha permitido identificar una serie de obstáculos para el acceso a la justicia de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, entre los que destaca el desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, así como de las obligaciones contenidas en las leyes mencionadas, por parte de los operadores de justicia. Además, el lenguaje estereotipado y trato discriminatorio y revictimizante que desestimula la denuncia por parte de las víctimas.
Acciones defensoriales en el caso Rosa Elvira Cely
Así mismo, Vólmar Pérez destacó que la institución a su cargo ha realizado una serie de acciones defensoriales que incluyen la participación en el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, un encuentro el pasado viernes con la Directora Nacional de Fiscalías para recomendar un adecuado tratamiento investigativo sobre el crimen de Rosa Elvira Cely, con el fin de garantizar que la investigación se adelante a la mayor brevedad posible.
La Defensoría del Pueblo le hizo también requerimientos a la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá y a la Policía Nacional para que presenten informes claros y precisos sobre las acciones adelantadas a partir de la llamada realizada por la mujer víctima a la línea 123, para hacer seguimiento a la respuesta institucional. Del mismo modo, se requirió a la Secretaría de Salud para que informe por qué razón la víctima no fue trasladada a una institución prestadora de servicios de salud cercana al Parque Nacional.
Además, se conformó un comité mixto entre la Defensoría del Pueblo y organizaciones de mujeres, para hacer seguimiento estricto a la investigación con el propósito de que se garantice una acción efectiva y diligente por parte de las autoridades competentes. Del mismo modo, se le debe brindar atención efectiva a su hija por parte del ICBF.
Finalmente, el Defensor del Pueblo indicó que el acceso a la justicia es el mecanismo más efectivo para reparar esta grave violación a los derechos humanos, caracterizar las dinámicas regionales de la misma, identificar y sancionar a los responsables y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la prevención y atención efectiva a las víctimas de la violencia sexual.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Colombia