El Defensor del Pueblo, Volmar Perez Ortiz, destaca la importancia de adelantar acciones conjuntas por parte de todas las instancias del Estado colombiano con el fin de proteger los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los Pueblos Indígenas del país, sensiblemente afectados por la violencia de los grupos armados ilegales. Es necesario el adelanto de políticas públicas concertadas que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad de esta población, y garantizar, con la efectividad que se requiere, la vigencia de sus derechos fundamentales.
La Corte Constitucional expidió el Auto No. 004 de 2009, a través del cual se ordena al Gobierno nacional diseñar e implementar de manera concertada con las Autoridades Tradicionales y las Organizaciones Indígenas, un Programa Nacional de Garantías de Derechos y 34 Planes de Salvaguarda Étnica para Pueblos en vías de extinción. Por ello, el Defensor del Pueblo insta a las autoridades competentes a terminar de adecuar y poner en marcha el programa de garantias y los planes de salvaguarda, restableciendo los derechos vulnerados , implementando acciones de protección y garantizando el goce efectivo de los derechos de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, destaca la importancia de adelantar todas las acciones que sean pertinentes que permitan hacer efectivo el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada, en la realización de todo tipo de programas, proyectos o actividad que busque hacer uso de los recursos naturales de los territorios ancestrales, tradicionales y colectivos de los Pueblos Indígenas, lo mismo que la expedición de medidas administrativas o legislativas que puedan afectar derechos fundamentales de estos pueblos; ello en cumplimiento de lo dispuesto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de 2007.
Así mismo, el Defensor del Pueblo hace llegar un saludo de solidaridad a las Autoridades Indígenas y a los familiares de los integrantes de las comunidades indígenas que han muerto de manera violenta en los últimos años y que han sido víctimas de otras afectaciones a su derecho a la integridad personal. Es necesario que los cuerpos de investigación del Estado identifiquen a sus responsables e impongan las sanciones correspondientes.
Finalmente, recomienda que en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años se tenga en cuenta el respectivo proceso de consulta con los Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones nacionales, regionales y locales, que permita contar con un instrumento concertado en el que se acuerden los programas y proyectos para su desarrollo con identidad, de acuerdo con sus planes de vida y características socioeconómicas y culturales propias.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.